Suspensión del abogado Claudio Cofré: un golpe inesperado en la defensa del Tren de Aragua en Chile

El pasado semestre marcó un punto de inflexión en la batalla judicial contra una de las organizaciones criminales más complejas que ha enfrentado Chile en años recientes: el Tren de Aragua (TDA). Claudio Cofré, abogado defensor de varios miembros del TDA, fue suspendido entre el 19 de mayo y el 2 de julio de 2025 por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, debido a su inasistencia reiterada a audiencias clave en Santiago e Iquique.

Esta sanción, que a simple vista podría parecer una cuestión administrativa, desencadenó una serie de consecuencias que aún reverberan en el sistema judicial y en la percepción pública sobre el manejo de casos de alta complejidad criminal.

Un defensor en la cuerda floja

Desde la perspectiva del Ministerio Público y sectores que abogan por una justicia más rigurosa, la suspensión de Cofré evidenció la fragilidad del sistema cuando un abogado clave en la defensa falla en cumplir con sus responsabilidades. "La suspensión no solo es un castigo, sino un llamado a mantener la integridad y compromiso en procesos que involucran delitos de extrema gravedad", señaló una fuente de la Fiscalía.

Sin embargo, desde la defensa y algunos analistas jurídicos, la situación abre un debate sobre las condiciones en que se desarrollan estos juicios. "La sobrecarga, la presión mediática y la complejidad de estas causas requieren un acompañamiento y recursos que hoy no están garantizados", argumentan abogados vinculados a la defensa penal.

Impacto en los juicios y la administración de justicia

El juicio en el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique, donde Cofré defendía a integrantes de la célula liderada por Carlos González Vaca, alias “Estrella”, sufrió retrasos y cambios de representación. La Fiscalía solicitó penas que suman 225 años para “Estrella”, reflejo de la gravedad y multiplicidad de los delitos imputados. La suspensión llevó a que otro abogado tuviera que asumir la defensa, generando discontinuidad y cuestionamientos sobre la garantía del debido proceso.

Por otro lado, en la Corte Suprema, la ausencia de Cofré en la vista de nulidad de la causa de Los Gallegos —rama del TDA en Arica— derivó en que la defensa fuera declarada abandonada y que la Defensoría Penal Pública (DPP) asumiera el alegato. Este episodio pone en evidencia las tensiones entre defensa privada y pública en casos de alta complejidad.

Voces ciudadanas y sociales

En el espectro social, la noticia generó reacciones divididas. Sectores que exigen mano dura contra el crimen organizado ven en la suspensión una señal de que no hay privilegios para nadie, ni siquiera para abogados que defienden a criminales notorios. Otros, en cambio, advierten sobre el riesgo de que la falta de recursos y apoyo a la defensa pueda vulnerar derechos fundamentales, afectando la calidad y legitimidad del proceso judicial.

Constataciones y consecuencias

A la luz de estos hechos, se pueden concluir varias verdades que el tiempo no ha diluido:

- La suspensión disciplinaria de un abogado clave puede alterar el curso de juicios fundamentales, generando retrasos y vacíos jurídicos.

- El sistema judicial chileno enfrenta desafíos estructurales para garantizar una defensa adecuada en causas complejas y mediáticas.

- La coexistencia y coordinación entre defensa privada y Defensoría Penal Pública requieren una revisión profunda para evitar abandonos y asegurar el derecho a la defensa.

Este episodio no solo es un capítulo más en la lucha contra el Tren de Aragua, sino un espejo donde se reflejan las tensiones, fragilidades y desafíos de la justicia chilena en su conjunto. La tragedia jurídica que vive Claudio Cofré es, en última instancia, la tragedia de un sistema que debe equilibrar la exigencia de justicia con la garantía de derechos, bajo la mirada crítica de una sociedad que demanda transparencia y eficacia.