Banco de Chile enfrenta sanciones judiciales y regulatorias: un pulso entre cumplimiento legal y defensa corporativa
Un banco bajo la lupa: sanciones que no se diluyen
El 11 de noviembre de 2025, la Corte Suprema ratificó la multa de 617,98 UF (más de $24 millones) impuesta al Banco de Chile por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), debido a la entrega de créditos a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Esta confirmación pone fin a meses de disputas judiciales que evidencian un choque frontal entre la obligación legal de resguardar los derechos alimentarios y la operatividad bancaria.
La sanción fue unánimemente respaldada por los ministros de la Suprema, quienes rechazaron los argumentos del banco acerca de un supuesto error del Servicio de Registro Civil e Identificación que habría impedido el acceso correcto a la información. El banco, controlado por el Grupo Luksic y Citibank, había alegado fuerza mayor y falta de servicio, intentando deslindar responsabilidades.
Voces en conflicto: cumplimiento versus defensa corporativa
Por un lado, la CMF, a través de su director jurídico José Antonio Gaspar, sostuvo que 'Banco de Chile privilegió cerrar negocios antes de dar cumplimiento con sus obligaciones legales y, en particular, resguardar que los alimentarios pudieran percibir los alimentos que se le adeudan.' La Comisión enfatizó que, ante la falla del sistema automatizado (API), el banco tenía alternativas para consultar el registro y no lo hizo.
Por otro lado, Banco de Chile defendió su accionar, argumentando que la responsabilidad recae en una falla externa y que no existió dolo ni negligencia intencionada. Sin embargo, la CMF refutó esta postura señalando que la ocurrencia de fallas tecnológicas no es imprevisible y que el banco carecía de procedimientos alternativos para cumplir con su deber de consulta.
Contexto más amplio: un sector financiero bajo escrutinio
Este episodio no es aislado. En junio de 2025, el banco también enfrentó una multa millonaria por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que lo sancionó por infracciones relacionadas con la prohibición de interlocking horizontal —la participación simultánea en directorios de empresas competidoras—, en un caso que involucró al exministro Hernán Büchi. Banco de Chile recurrió a la Corte Suprema para impugnar esa sanción, reafirmando una línea de defensa que cuestiona la interpretación y aplicación de normativas regulatorias.
Perspectivas regionales y sociales
Desde la mirada social, organizaciones de defensa de los derechos de los alimentarios han manifestado que estas sanciones son un paso necesario para garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias, un tema sensible en Chile dadas las altas tasas de incumplimiento y la vulnerabilidad de los beneficiarios.
En contraste, sectores empresariales y algunos analistas financieros advierten que la multiplicidad de regulaciones y la rigidez en la aplicación pueden afectar la agilidad del sistema crediticio, especialmente en un contexto económico que demanda flexibilidad e innovación.
Conclusiones y consecuencias visibles
Este caso pone en evidencia una tensión estructural entre el imperativo legal y social de proteger derechos fundamentales, como las pensiones de alimentos, y la dinámica operativa y estratégica de las grandes instituciones financieras. La confirmación judicial de la multa demuestra que, pese a las complejidades tecnológicas y operativas, la ley exige un cumplimiento riguroso y proactivo.
La sanción y su ratificación también funcionan como una llamada de atención para el sector bancario chileno: la responsabilidad no solo es reactiva, sino que debe incorporar mecanismos preventivos y de control robustos que eviten la vulneración de derechos.
Finalmente, la disputa legal y las defensas corporativas reflejan un escenario donde la interpretación normativa se vuelve un campo de batalla, con implicancias que van más allá de un solo caso, afectando la confianza ciudadana en las instituciones y la percepción del equilibrio entre poder económico y justicia social.
Fuentes: La Tercera (11/11/2025), Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (06/2025), declaraciones públicas de la CMF y Banco de Chile.