Investigación en Puente Alto: Contratación de familiares de jueces y la sombra de la corrupción en la justicia local

En septiembre de 2018, Sergio Yáber asumió como conservador de bienes raíces en Puente Alto bajo circunstancias que hoy, a más de siete años, revelan una trama compleja de influencias y cuestionamientos éticos. Aunque su puntaje en la preselección lo ubicó noveno entre 112 postulantes, Yáber fue incluido en la terna final gracias a los votos de ocho ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel, incluyendo a Luis Sepúlveda y Carlos Farías. Este respaldo fue decisivo para que el entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, firmara su nombramiento, pese a que otros candidatos mejor evaluados quedaron fuera.

Lo que parecía un nombramiento administrativo pasó a ser un foco de controversia cuando se conoció que Yáber contrató a familiares directos de dos de esos jueces que respaldaron su llegada: la esposa de Sepúlveda y un hermano de Farías. La esposa del ministro Sepúlveda ingresó a trabajar en la oficina del conservador dos meses después del nombramiento, permaneciendo hasta 2023, mientras que el hermano de Farías fue contratado un año después. Estas contrataciones se justificaron públicamente en base a la experiencia y recomendaciones en el ámbito judicial y notarial, pero la cercanía familiar y el contexto político levantaron sospechas de nepotismo y tráfico de influencias.

Desde la perspectiva judicial, el ministro Farías defendió la contratación de su hermano argumentando que fue por sus capacidades y tras un período de cesantía. Por su parte, el exministro Sepúlveda se negó a responder consultas, argumentando su condición de jubilado.

Este episodio no es un caso aislado, sino que se enmarca en una investigación más amplia que involucra a Yáber en un esquema de lavado de dinero vinculado al consorcio bielorruso CBM. La fiscalía indaga pagos ilícitos a la exjueza Ángela Vivanco, con dinero que habría pasado por Yáber y que supuestamente beneficiaron fallos judiciales a favor del consorcio. Además, se investigan transferencias sospechosas de dinero a figuras políticas como el diputado republicano Cristián Araya y el senador Matías Walker, quienes han negado o explicado el origen de los fondos.

Las voces en la comunidad y en el espectro político muestran un claro desencuentro. Mientras sectores conservadores destacan la legalidad formal del proceso y la experiencia profesional de los involucrados, grupos críticos y organizaciones sociales denuncian un sistema judicial permeable a la corrupción y la falta de transparencia.

Desde el ámbito regional, Puente Alto enfrenta una crisis de confianza en sus instituciones, exacerbada por episodios recientes de violencia y delito —como el homicidio de un hombre en la vía pública y robos en domicilios habitados— que tensan aún más el tejido social.

La verdad que emerge de estos hechos es una lección sobre la fragilidad de los mecanismos de control y la importancia de la supervisión independiente en los nombramientos judiciales. La contratación de familiares de jueces que votaron por un candidato cuestionado, junto con las sospechas de lavado de dinero y vínculos políticos, configuran un cuadro preocupante para la justicia local. Actualmente, Yáber está suspendido de sus funciones y bajo investigación formal.

Este caso invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer la transparencia y la ética en la administración pública, especialmente en cargos que ejercen poder sobre bienes y derechos ciudadanos. La justicia no solo debe ser imparcial, sino también percibirse como tal para sostener la confianza social.

En definitiva, la historia de Puente Alto sirve como un espejo que refleja tensiones mayores en el sistema judicial chileno, donde la mezcla de política, familia y poder puede devenir en tragedia institucional si no se establecen salvaguardas claras y efectivas.