El debate sobre la indemnización laboral en Chile: ¿protección o freno al empleo?: Un dilema que define el futuro del trabajo formal
Un escenario en pugna se ha instalado en el debate público y legislativo chileno: ¿debe el Estado aumentar la indemnización por años de servicio hasta eliminar el límite actual de 11 años, o es preferible avanzar hacia un sistema más flexible que incentive la creación de empleo formal? Desde junio de 2025, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados analiza una moción que propone eliminar el tope de indemnización, una iniciativa que ha polarizado opiniones y encendido las alarmas del mundo empresarial y académico.
La propuesta y sus fundamentos
Los defensores del aumento o eliminación del límite argumentan que la indemnización es un derecho básico que otorga seguridad y respaldo económico a los trabajadores despedidos, especialmente a quienes tienen una larga trayectoria laboral en una empresa. Víctor Salas, académico de la Universidad de Santiago, sostiene que “la indemnización funciona como un fondo de ahorro para el trabajador, otorgándole tranquilidad y respaldo durante la búsqueda de un nuevo empleo”. La iniciativa busca reconocer plenamente los años efectivamente trabajados, sin que un tope legal reduzca arbitrariamente esta compensación.
En contraposición, expertos en economía laboral advierten que Chile ya posee uno de los sistemas de indemnización más costosos dentro de la OCDE, con un pago equivalente a un mes de remuneración por año trabajado, hasta un máximo de 11 meses. Estudios internacionales y locales muestran que mayores costos de despido tienden a desincentivar la contratación formal y aumentan la informalidad laboral. Mauricio Tejada, académico de la UDP, afirma que “endurecer las condiciones de despido genera mercados laborales más rígidos, mayor desempleo de larga duración y una barrera para los trabajadores que buscan ingresar al empleo formal”.
Voces contrapuestas: trabajadores, empresas y académicos
El debate no es solo técnico, sino profundamente político y social. Por un lado, los trabajadores con contratos estables (los llamados "insiders") se beneficiarían de una mayor protección y mayores indemnizaciones. Pero para quienes están fuera del empleo formal o con contratos temporales (los "outsiders"), un sistema más rígido puede traducirse en menos oportunidades laborales y mayores dificultades para insertarse en el mercado.
Desde el mundo empresarial, especialmente las pymes que representan más del 98% del tejido productivo, existe preocupación por el impacto financiero de eliminar el tope de indemnización. Fuentes del sector privado advierten que “un aumento indiscriminado en los costos laborales podría traducirse en reducción de contrataciones, aumento de despidos y presión sobre la formalidad laboral”.
Diversos economistas coinciden en que un equilibrio es posible y necesario. Proponen avanzar hacia un sistema mixto que combine flexibilidad con protección social, como reemplazar la indemnización por un esquema de cotizaciones mensuales al seguro de cesantía que financien las futuras indemnizaciones, reduciendo así la incertidumbre para empleadores y trabajadores.
Contexto y consecuencias visibles
El contexto actual no es menor: Chile enfrenta un desempleo del 8,8%, con un aumento significativo del desempleo de larga duración y una creación de empleo insuficiente para absorber a quienes buscan trabajo. La rigidez en el mercado laboral se ha convertido en un freno para la recuperación económica y social.
Además, la propuesta parlamentaria se aparta de las recomendaciones de organismos internacionales, como la OCDE, que sugieren extender la cobertura del seguro de cesantía y reducir las indemnizaciones por despido para favorecer la formalización y la creación de empleo.
Constataciones y aprendizajes
El debate sobre la indemnización por años de servicio en Chile no es solo un enfrentamiento entre cifras o intereses, sino un reflejo de tensiones sociales profundas: la búsqueda de seguridad para los trabajadores frente a la necesidad de dinamismo y flexibilidad en el mercado laboral.
Lo que está en juego es la capacidad del país para construir un sistema laboral que proteja sin paralizar, que incentive sin precarizar, y que sea sostenible en el tiempo para todos los actores.
La evidencia y la experiencia internacional muestran que sistemas con altos costos de despido tienden a generar desempleo prolongado y mayor informalidad, mientras que modelos flexibles con protección social adecuada logran equilibrar derechos y empleo.
Chile enfrenta así un reto de diseño institucional y político: cómo avanzar hacia un sistema que reconozca la dignidad del trabajo y el derecho a la protección social, sin sacrificar la capacidad de generar empleo formal y de calidad.
El desenlace de esta pugna marcará no solo la vida de millones de trabajadores y empleadores, sino también el rumbo económico y social del país en los próximos años.