
Un pacto con ecos de una tragedia griega. Así puede leerse la historia que, desde mediados de 2025, ha enfrentado a la minera no metálica SQM y a la estatal Codelco en torno al control y explotación del litio en el Salar de Atacama, una de las reservas más codiciadas del mundo. El acuerdo firmado y defendido públicamente por Gina Ocqueteau, presidenta de SQM desde junio de 2025, establece una alianza estratégica que permitirá a la empresa privada operar en conjunto con la cuprífera estatal hasta 2060, un horizonte que supera con creces los ciclos habituales de concesiones mineras en Chile.
La génesis del acuerdo estuvo marcada por un proceso que, según Ocqueteau, 'no fue a dedo ni producto de conversaciones de pasillo, sino que contó con una evaluación exhaustiva y la contratación de Morgan Stanley para asegurar la mejor alianza público-privada'. Sin embargo, desde sectores críticos —tanto políticos como sociales— se ha denunciado una falta de transparencia y ausencia de licitación pública, alimentando sospechas de favoritismos y decisiones tomadas en la sombra.
Desde la derecha política, la alianza es vista como un paso necesario para fortalecer la industria nacional y asegurar el control estatal indirecto sobre un recurso estratégico. En contraste, voces de la izquierda y movimientos sociales exigen mayor participación ciudadana y cuestionan el modelo extractivista que perpetúa la concentración de riqueza en pocas manos.
El acuerdo no solo es un tema corporativo: las regiones del norte, especialmente Antofagasta y Atacama, están en el centro del debate. Para algunos, la alianza promete inversiones, empleos y desarrollo local; para otros, representa la continuidad de un modelo que ha generado impactos ambientales y sociales profundos en territorios indígenas y campesinos.
Organizaciones ambientales han advertido que, pese a los compromisos públicos, la explotación intensiva de litio podría agravar la escasez hídrica y dañar ecosistemas frágiles. Por su parte, autoridades regionales han intentado equilibrar expectativas, reclamando mayores retornos económicos para las comunidades y una fiscalización más rigurosa.
Desde su pico en 2022, el precio del litio ha caído más de un 80%, complicando la rentabilidad del negocio. Ocqueteau reconoció que «el precio está muy complicado, porque no se puede trabajar por debajo de los costos», aunque mantiene la esperanza de una recuperación en el mediano plazo.
Este fenómeno global obliga a repensar la estrategia chilena en el mercado del litio, enfrentando tensiones entre mantener la competitividad y garantizar la sustentabilidad económica y social.
Después de cinco meses de debates, reuniones y controversias, algunas verdades comienzan a consolidarse:
- La alianza SQM-Codelco representa un nuevo modelo de asociación público-privada en la minería chilena, con un horizonte de largo plazo que puede redefinir la industria del litio.
- La polémica sobre transparencia y selección del socio refleja una sociedad que exige mayor participación y control ciudadano en recursos estratégicos.
- Los impactos regionales y ambientales siguen siendo un campo de disputa abierto, con demandas legítimas de comunidades y organizaciones que exigen justicia y reparación.
- La volatilidad del precio del litio introduce incertidumbre que desafía la viabilidad del proyecto y la estabilidad económica de las regiones involucradas.
Este episodio no es solo una disputa empresarial o política, sino un espejo de las tensiones profundas que atraviesan a Chile en su transición hacia una economía más verde, inclusiva y democrática. El desenlace aún está por escribirse, pero queda claro que el litio, más que un mineral, es hoy un símbolo de las contradicciones y esperanzas que definen al país.
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Fuentes consultadas: Diario Financiero (junio 2025), análisis de expertos en minería y políticas públicas, declaraciones oficiales de SQM y Codelco, informes de organizaciones ambientales y sociales.