
Un cambio anunciado con impacto prolongado
El 3 de junio de 2025, el Presidente Gabriel Boric comunicó que el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Punta Peuco dejaría de ser un recinto especial para convertirse en una cárcel común. Esta decisión, que parecía un simple ajuste administrativo, ha abierto un escenario de confrontación entre distintas visiones sobre justicia, memoria histórica y derechos humanos, cuyas repercusiones se sienten con fuerza meses después.
Un penal que simboliza una tragedia nacional
Punta Peuco ha sido desde su creación un espacio reservado para militares y agentes vinculados a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Su carácter especial —que incluía regímenes de mínima seguridad y condiciones diferenciadas— fue criticado por sectores que lo consideraban un privilegio a la impunidad.
Desde entonces, el penal se convirtió en un símbolo de la tensión entre la justicia transicional y la institucionalidad penitenciaria chilena.
Voces enfrentadas: memoria, justicia y seguridad
Desde el gobierno, el presidente Boric defendió la medida como un acto de igualdad ante la ley, argumentando que la transformación busca terminar con un sistema que perpetúa privilegios contrarios a los principios democráticos. Para él, la administración de Gendarmería debe garantizar un trato uniforme a todos los internos, sin excepciones basadas en su pasado.
Sin embargo, expertos en derecho penitenciario y derechos humanos advierten que este cambio no puede ser solo simbólico ni político, sino que debe considerar el perfil criminológico y sanitario de los internos. Punta Peuco alberga principalmente a personas de avanzada edad con enfermedades crónicas, lo que requiere un enfoque especializado que no siempre es compatible con la dinámica de cárceles comunes.
Por otro lado, sectores conservadores y militares han denunciado que la medida busca castigar de forma retroactiva a personas que cumplieron condenas conforme a la ley, advirtiendo riesgos de judicialización y conflictos internos en el penal. “Es un acto de revancha política que puede afectar la seguridad y el orden dentro del recinto”, señalaron representantes de asociaciones de exmilitares.
Impacto regional y social
En la Región Metropolitana, donde se ubica Punta Peuco, la decisión ha generado debates en comunidades vecinas y organizaciones sociales. Mientras algunos valoran la medida como un avance en la equidad y el fin de privilegios, otros manifiestan preocupación por posibles alteraciones en la convivencia y la seguridad local.
En el plano social, la medida ha reavivado el debate sobre cómo Chile enfrenta su pasado y la memoria de las violaciones a los derechos humanos. La transformación de Punta Peuco no solo es un cambio administrativo, sino un reflejo de las tensiones no resueltas entre justicia, memoria y reconciliación.
Verdades y consecuencias que emergen
La medida ha evidenciado que la justicia penal chilena sigue enfrentando desafíos para equilibrar derechos fundamentales con exigencias sociales y políticas. La reconversión de Punta Peuco en cárcel común no ha sido un proceso lineal ni exento de controversias, y ha puesto en tensión la capacidad del Estado para administrar justicia con equidad y respeto a la dignidad humana.
Además, ha quedado claro que la política penitenciaria no puede ser desentendida de las realidades sanitarias y criminológicas de los internos, ni ignorar el marco histórico que rodea a un penal tan emblemático.
Finalmente, esta transformación obliga a la sociedad chilena a confrontar las heridas del pasado con honestidad, reconociendo que las decisiones sobre memoria y justicia no solo son legales, sino profundamente políticas y humanas.
Fuentes consultadas:
- Declaraciones oficiales del Presidente Gabriel Boric (junio 2025).
- Análisis de Carla Fernández Montero, abogada especialista en derecho penitenciario.
- Opiniones de asociaciones de exmilitares y organizaciones de derechos humanos.
- Informes de Gendarmería de Chile sobre perfil y condiciones de internos.
Este episodio de Punta Peuco se inscribe en una narrativa mayor sobre cómo Chile enfrenta su historia reciente, y su evolución será un termómetro para la madurez democrática y la justicia social en el país.