Corte Suprema declara ilegales los pinchazos telefónicos en caso ProCultura: un fallo que redefine límites y tensiones
La Corte Suprema de Chile, en una decisión dividida y cargada de simbolismo, confirmó el carácter ilegal de las intervenciones telefónicas realizadas a Josefina Huneeus, expsiquiatra del Presidente Gabriel Boric y exesposa de Alberto Larraín, en el marco del caso ProCultura. Este fallo, emitido el 3 de junio de 2025, ratificó la sentencia previa de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, rechazando la apelación del Ministerio Público.
El fallo, con un estrecho margen de tres votos contra dos, no solo pone en jaque las prácticas de vigilancia estatal, sino que también desnuda la tensión entre los órganos encargados de investigar la corrupción y los límites constitucionales que deben respetar. El abogado de Huneeus, Alejandro Awad, calificó el fallo como "excepcional" y destacó la claridad y profundidad de los argumentos presentados.
Un choque frontal entre seguridad y derechos
Desde el Ministerio Público, la apelación buscaba validar las intervenciones telefónicas como parte de una investigación legítima contra redes de corrupción vinculadas a ProCultura. Sin embargo, para la Corte, estas acciones vulneraron derechos fundamentales, especialmente el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia.
Una fuente cercana al Ministerio Público señaló que "la decisión limita herramientas esenciales para combatir la corrupción en ámbitos donde el secreto es la regla". Por otro lado, sectores defensores de los derechos humanos y organizaciones civiles han celebrado el fallo como un triunfo para las garantías constitucionales y un freno a los excesos del Estado.
Perspectivas políticas y ciudadanas
El caso ha generado un intenso debate político. Desde la derecha, se ha cuestionado que el fallo pueda entorpecer investigaciones contra redes de poder y corrupción. En contraste, voces desde la izquierda y movimientos sociales han advertido que la vigilancia sin control judicial adecuado puede derivar en persecuciones políticas y abuso de poder.
En regiones, especialmente en Antofagasta, donde se originó la apelación, la ciudadanía observa con preocupación cómo la justicia equilibra la lucha contra la corrupción con la protección de derechos individuales. Una activista local comentó: "No se puede sacrificar la justicia por la seguridad, ni la seguridad por la arbitrariedad".
Consecuencias y reflexiones finales
Este fallo no solo sienta un precedente jurídico en materia de intervenciones telefónicas, sino que también invita a una reflexión profunda sobre los mecanismos de control y transparencia en las investigaciones judiciales. La división en la Corte refleja las complejidades y contradicciones de un sistema que debe proteger tanto la seguridad pública como los derechos ciudadanos.
A seis meses de la sentencia, la práctica de pinchazos ilegales ha sido revisada en distintos tribunales, y se han impulsado reformas para fortalecer los controles judiciales en intervenciones telefónicas. Sin embargo, el debate sobre hasta dónde puede llegar el Estado en sus métodos para investigar casos de corrupción sigue abierto y es más urgente que nunca.
En definitiva, la historia del caso ProCultura y los pinchazos ilegales a Huneeus se convierte en un espejo de las tensiones inherentes a una democracia en transformación, donde el equilibrio entre poder y derechos se juega en cada decisión judicial.