San Pedro de la Paz y su lucha contra la violencia: funerales de alto riesgo, homicidios recientes y el debate sobre seguridad y justicia

En menos de tres meses, San Pedro de la Paz ha sido escenario de una escalada de violencia que ha marcado profundamente a la comunidad y ha puesto en el centro del debate público la eficacia del sistema de seguridad y justicia local. Cinco homicidios en dos días en la provincia de Concepción, con al menos dos víctimas fatales en San Pedro de la Paz, han encendido las alarmas.

El 17 de septiembre, la Fiscalía confirmó la investigación de dos asesinatos ocurridos en la comuna. Un hombre de 45 años fue baleado en múltiples ocasiones y otro cadáver, de un hombre de 40 años, fue encontrado con signos evidentes de intervención de terceros. Estos hechos se suman a un contexto de violencia que ha sido catalogado como "muy grave" por las autoridades regionales.

"La Provincia de Concepción registra cinco homicidios en los últimos dos días", reportó la Brigada de Homicidios de Concepción, que continúa con las diligencias para esclarecer los casos.

Este aumento en la violencia ha coincidido con la aplicación de una nueva legislación en San Pedro de la Paz destinada a controlar los llamados "narcofunerales". Desde junio de 2025, la comuna implementa protocolos para funerales de alto riesgo, que incluyen restricciones como la limitación del velorio a 24 horas y la suspensión anticipada de clases en colegios próximos. La medida busca evitar que estos eventos se transformen en focos de violencia o exhibiciones de poder de bandas criminales.

Sin embargo, la aplicación de esta ley ha generado tensiones y cuestionamientos, especialmente cuando se declara un funeral de alto riesgo para personas que, aunque poseen antecedentes penales menores, no están vinculadas con el narcotráfico o bandas criminales activas. Tal fue el caso de Maximiliano Aguayo Bustos, asesinado con un destornillador, cuya familia denunció discriminación y cuestionó el decreto que calificó su funeral de alto riesgo, impidiendo un velorio tradicional en su hogar. "Dio vida, y ahora hay que ir a enterrarlo como un animal", expresó uno de sus hermanos, reflejando el dolor y la frustración de familiares y vecinos.

Este episodio pone en evidencia la complejidad de abordar la violencia desde la seguridad pública sin caer en estigmatizaciones que afectan a comunidades enteras y generan desconfianza hacia las instituciones.

En paralelo, la comuna también ha visto iniciativas para mejorar la convivencia y la seguridad, pero los resultados aún son incipientes frente a la magnitud del problema. La percepción ciudadana es de incertidumbre y temor, mientras que las autoridades enfrentan el desafío de equilibrar el control social con el respeto a los derechos y la dignidad de las personas.

En definitiva, lo que ocurre en San Pedro de la Paz no es un fenómeno aislado, sino un reflejo de tensiones sociales más amplias que requieren respuestas integrales y sostenidas en el tiempo. La violencia, los protocolos de funerales de alto riesgo y las disputas familiares y comunitarias que emergen alrededor, forman un complejo entramado que demanda no solo medidas policiales, sino también políticas públicas de prevención, justicia restaurativa y diálogo social.

Como concluye el análisis de expertos en seguridad y derechos humanos, la única verdad ineludible es que la violencia no se combate solo con leyes y protocolos, sino con comprensión profunda de sus causas y con la participación activa de todos los actores sociales para construir una convivencia más justa y segura en San Pedro de la Paz y la región del Biobío.