TNE sin restricciones: el pulso entre normativa, Gobierno y estudiantes que definió el uso del pase escolar

Un pulso de poder y derecho se ha jugado en el escenario de la movilidad estudiantil chilena durante los últimos meses, y hoy, con la perspectiva que da el tiempo, podemos comprender la profundidad de esta disputa que fue mucho más que una simple controversia administrativa.

El origen del conflicto se remonta a la interpretación que la Contraloría General de la República hizo del Decreto Supremo 20, de 1982, que regula el uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE). Según el ente fiscalizador, el pase debía ser utilizado exclusivamente para viajes con "motivos de estudio", lo que restringía su aplicación y generaba una incertidumbre que afectó a miles de estudiantes en todo el país.

Esta interpretación se formalizó en un oficio emitido en julio de 2025, que reafirmó la vigencia de esta limitación, aunque también aclaró que la Contraloría no tiene facultades para modificar la normativa, sino solo interpretarla.

Desde el Gobierno, la respuesta no tardó en llegar. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, anunció que se presentaría una solicitud de reconsideración ante la Contraloría para resolver la contradicción entre el decreto y los instructivos de la Junaeb, que administran la TNE. "Lo hemos conversado con el Presidente: como Ejecutivo vamos a resolver esa contradicción", afirmó Cataldo en agosto de 2025.

Este gesto político buscaba restituir el uso irrestricto de la TNE durante los 365 días del año, tal como había funcionado desde 2015, devolviendo la certidumbre a la comunidad estudiantil y asegurando el acceso a la tarifa rebajada sin trabas.

Pero esta disputa no solo fue técnica ni jurídica; fue un verdadero coliseo donde se enfrentaron distintas voces y realidades.

- Desde la perspectiva de los estudiantes y sus familias, la restricción representaba un obstáculo tangible para su movilidad cotidiana, especialmente para aquellos que combinan estudios con trabajos o actividades extracurriculares fuera del horario escolar.

- Desde sectores conservadores y fiscalizadores, la interpretación restrictiva se justificaba como un cumplimiento estricto de la normativa vigente, apuntando a evitar usos indebidos del beneficio.

- Por su parte, organizaciones sociales y académicas cuestionaron la rigidez de la norma, señalando que el concepto de "motivo de estudio" es amplio y que la movilidad estudiantil es una realidad compleja que no se limita a horarios o espacios académicos formales.

El desenlace, a la fecha, muestra una victoria parcial para quienes defendían el uso irrestricto. La solicitud de reconsideración del Gobierno y la presión social hicieron que la Contraloría mantuviera su postura interpretativa pero se mostrara atenta a modificaciones normativas, abriendo la puerta a una reforma que alinee la ley con las necesidades reales de los estudiantes.

En septiembre de 2025, el Ministerio de Transportes anunció que trabajaba en una propuesta para modificar el Decreto Supremo 20, buscando eliminar las ambigüedades y garantizar la plena vigencia del pase escolar.

Esta historia deja varias constataciones claras:

- La legislación y su interpretación pueden quedar desfasadas frente a la realidad social, generando conflictos que impactan directamente en derechos básicos.

- La movilidad estudiantil es un derecho transversal que trasciende el aula y requiere un marco normativo flexible y sensible.

- La política pública debe ser capaz de dialogar con las demandas sociales para evitar que las disputas técnicas se traduzcan en exclusión o incertidumbre.

- Finalmente, la controversia sobre la TNE es un espejo donde se refleja la tensión entre el rigor institucional y la necesidad de justicia social, un equilibrio que Chile sigue buscando en múltiples ámbitos.

En definitiva, el pulso por la TNE sin restricciones no solo definió el uso de un pase escolar, sino que evidenció la urgencia de actualizar normas y prácticas para que respondan a las complejidades del Chile contemporáneo, poniendo a la movilidad estudiantil en el centro del debate sobre equidad y acceso.

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Fuentes: Cooperativa.cl (agosto-septiembre 2025), declaraciones del Ministerio de Educación, Contraloría General de la República, análisis de organizaciones estudiantiles y sociales.