Contraloría y el uso irregular de licencias médicas: un coliseo de sumarios, destituciones y tensiones institucionales

Un año después de que la Contraloría General de la República pusiera bajo la lupa el uso irregular de licencias médicas en el sector público, el escenario que emerge es el de un verdadero coliseo donde se enfrentan la institucionalidad, los funcionarios afectados y las distintas posturas políticas y sociales.

Hasta septiembre de 2025, se habían iniciado 8.301 sumarios administrativos por irregularidades en el uso de licencias médicas, según los datos oficiales de la Contraloría. De estos, más del 68% corresponden a personal municipal, con 5.647 procedimientos, mientras que el resto se distribuye en otros servicios públicos. El balance arroja además 52 destituciones y 642 términos de contrato, cifras que no solo evidencian la magnitud del fenómeno, sino que también han encendido un debate sobre la justicia y proporcionalidad de las sanciones.

La Contraloría: fiscalización con nuevos instrumentos

En junio de 2025, la Contraloría estableció un instructivo con siete lineamientos para guiar los sumarios, enfatizando la necesidad de un debido proceso y el respeto al derecho a la defensa. "El fiscal designado debe ser independiente y contar con facultades amplias para investigar", explicaron desde el organismo. Además, se implementó el Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD), una plataforma digital para monitorear y transparentar los procedimientos disciplinarios en tiempo real.

Esta innovación tecnológica, sin embargo, ha generado tensiones en algunos municipios y servicios, donde la carga administrativa y la exposición pública de los casos han sido cuestionadas. Desde la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), se ha reclamado que "la fiscalización debe ser rigurosa, pero también justa y contextualizada, considerando las condiciones laborales y sociales de los funcionarios".

Voces en el coliseo: perspectivas encontradas

Desde la derecha política, la denuncia y sanción de estas irregularidades ha sido celebrada como un avance en la lucha contra la corrupción y el mal uso de recursos públicos. Figuras como el diputado de Renovación Nacional han señalado que "estos casos reflejan la necesidad de una mayor disciplina y transparencia en el Estado".

En contraste, sectores de izquierda y sindicatos de trabajadores públicos han advertido que la estrategia de sumarios masivos puede derivar en persecución y desprotección laboral, especialmente en un contexto de precarización y estrés laboral. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha llamado a revisar "las causas estructurales que llevan a la sobreexigencia y al uso legítimo de licencias médicas", apuntando a la salud mental y condiciones laborales como factores clave.

Desde el plano social, la ciudadanía se encuentra dividida. Mientras algunos valoran la transparencia y el combate a irregularidades, otros expresan inquietud por las posibles injusticias y el impacto en la calidad del servicio público.

Consecuencias visibles y aprendizajes

Este proceso ha revelado varias verdades incómodas. Primero, el uso irregular de licencias médicas no es un fenómeno aislado ni menor, sino un síntoma de tensiones profundas en la administración pública. Segundo, la fiscalización y sanción, aunque necesarias, deben equilibrarse con garantías de un debido proceso y consideración del contexto humano.

Finalmente, la implementación del SIAD marca un hito en la modernización del control público, pero también plantea desafíos en términos de recursos, capacitación y confianza institucional.

La Contraloría ha demostrado capacidad para actuar con rigor, pero el coliseo no se cierra con sanciones: la discusión sobre salud laboral, condiciones de trabajo y transparencia continuará siendo un tema central en la agenda pública chilena.

En este enfrentamiento, los protagonistas no solo son los funcionarios sancionados o los fiscalizadores, sino también la sociedad que observa y juzga, cuestionando hasta dónde debe llegar el control estatal y cómo proteger a quienes sostienen el aparato público.