Punta Peuco: El cambio que no cierra una cárcel ni apaga el debate

Una cárcel que no cierra, un anuncio que reabre heridas. El 2 de junio de 2025, el Presidente Gabriel Boric anunció un cambio en la condición jurídica de Punta Peuco, pasando de cárcel especial a penal común. La medida, lejos de ser un cierre definitivo, busca modificar el estatus institucional de un recinto que hoy sufre una sobrepoblación del 124%, con 139 internos en espacios diseñados para 112.

Este cambio implica que Gendarmería podrá recibir en Punta Peuco reclusos con delitos distintos a los de lesa humanidad, aunque no contempla el traslado inmediato de los actuales internos, quienes seguirán cumpliendo condena en el lugar. La posibilidad de ampliar la capacidad del penal, mediante la incorporación de literas, abre un nuevo capítulo en una historia marcada por tensiones y simbolismos.

Una prisión que simboliza más que un recinto

Inaugurado en 1995 en Tiltil, Punta Peuco ha sido un espacio polémico desde su origen. Diseñado para albergar a condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, su existencia ha sido un foco de críticas y demandas de justicia desde distintos sectores.

“No existe justificación para ese privilegio”, afirmó Boric durante su cuenta pública, sentando un precedente en la discusión sobre la igualdad ante la ley y la memoria histórica.

Sin embargo, la sobrepoblación y la falta de alternativas concretas para el traslado de internos mantienen el problema en un limbo: el recinto sigue funcionando como hasta ahora, pero con un marco legal distinto. Para algunos, esto es apenas un gesto simbólico, lejos del cierre efectivo que otros gobiernos intentaron sin éxito.

Voces enfrentadas: memoria, justicia y política

Las reacciones no se hicieron esperar y exhiben un país dividido. La expresidenta Michelle Bachelet recordó su intento fallido de cerrar Punta Peuco y subrayó la necesidad de respetar a todas las partes involucradas.

Por un lado, sectores de izquierda y derechos humanos celebran el fin del “penal VIP” y la eliminación de privilegios para violadores de derechos humanos. “Se acaban los privilegios a los violadores de derechos humanos. Será un penal común”, declaró el senador Daniel Núñez (PC).

En la vereda opuesta, figuras de la derecha y la extrema derecha califican la medida de absurda y populista, preocupados por la crisis carcelaria y la seguridad. Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, ironizó sobre el anuncio, mientras Arturo Squella (Partido Republicano) lo calificó como un “saludo a la bandera” sin soluciones reales.

El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), cuestionó la prioridad del tema, reflejando un desencuentro sobre las agendas políticas y sociales del país.

Más allá del anuncio: conclusiones y desafíos

Punta Peuco no cerró; cambió de estatus. Este matiz es crucial para entender las consecuencias reales de la medida. La cárcel sigue siendo un espacio con sobrepoblación, donde los actuales internos cumplirán sus condenas, y la ampliación o transformación en penal común dependerá de la capacidad operativa y decisiones de Gendarmería.

Este episodio desnuda la dificultad de Chile para cerrar heridas del pasado sin abrir nuevas controversias. La memoria, la justicia y la política se entrelazan en un debate que no se resuelve con decretos, sino con políticas integrales y consenso social.

La transformación de Punta Peuco es un reflejo de la tensión entre el deseo de justicia y la realidad institucional, entre el simbolismo y la operatividad, entre el pasado que duele y el presente que reclama soluciones.

En definitiva, el cambio en Punta Peuco es un desafío para el país: avanzar en derechos humanos sin perder la perspectiva de las necesidades actuales del sistema penitenciario y la convivencia social.

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Fuentes: La Tercera (2025-06-02), declaraciones del Ministerio de Justicia, entrevistas a actores políticos y análisis de expertos en derechos humanos.