
Un golpe al narcotráfico que expone grietas regionales y desafíos globales
El 1 de junio de 2025, la Policía de Colombia incautó 720 kilos de cocaína camuflada en un contenedor procedente de Chile con destino final Bélgica. Este cargamento, valorado en más de 41 mil millones de pesos chilenos, representa una fracción del millonario negocio que enlaza a Sudamérica con Europa. La operación se realizó en Cartagena, y el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía colombiana, destacó que el alijo fue detectado en la ruta Chile-Colombia, evidenciando la complejidad de las redes criminales que operan en múltiples países.
La droga fue encontrada en un contenedor contaminado durante su tránsito entre Chile y Colombia, y tenía como destino final Bélgica. Este detalle, lejos de ser anecdótico, revela una sofisticación logística que aprovecha puertos y rutas comerciales legítimas para el tráfico ilícito. Desde Chile, tradicionalmente más conocido por ser un país de tránsito que de producción, esta incautación pone en el centro del debate la vulnerabilidad de sus puertos y la capacidad de control estatal.
En Chile, la noticia ha generado una mezcla de preocupación y cuestionamientos. Desde el gobierno, se ha reconocido la necesidad de reforzar la cooperación internacional y mejorar la fiscalización en puertos y aduanas. Sin embargo, voces críticas desde la oposición y organizaciones sociales advierten que el foco exclusivo en la seguridad no aborda las causas estructurales, como la desigualdad y la falta de oportunidades, que alimentan el narcotráfico.
En Colombia, el presidente Gustavo Petro ha hecho énfasis en los récords de incautaciones durante su administración —"Entre 2022 y 2025 hemos decomisado más de 2 millones de kilos de clorhidrato de cocaína"— mientras enfrenta la paradoja de que los cultivos ilícitos alcanzaron en 2023 un máximo histórico, con 253.000 hectáreas, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
Esta dualidad refleja un dilema central en la política antidrogas: el aumento de decomisos no se traduce necesariamente en una reducción de la producción ni de la violencia asociada.
Organizaciones sociales en Chile han expresado su inquietud ante la posibilidad de que el país se convierta en un nodo clave del narcotráfico internacional, llamando a políticas integrales que incluyan prevención, educación y desarrollo social. Por su parte, expertos en seguridad regional subrayan la importancia de la cooperación binacional y multinacional para desarticular las redes criminales, que operan con gran movilidad y adaptabilidad.
Este decomiso no solo evitó la comercialización de aproximadamente 1,8 millones de dosis, sino que también desnudó la fragilidad de los controles en las rutas marítimas y terrestres que conectan Chile con otros mercados. La evidencia apunta a que, mientras las fuerzas del orden logran resultados visibles, el narcotráfico sigue encontrando espacios para crecer, impulsado por factores económicos, sociales y políticos complejos.
En conclusión, la incautación de junio pasado es un episodio revelador en la lucha contra el narcotráfico en Sudamérica. Muestra la necesidad de un enfoque multidimensional que no se limite a la represión, sino que también aborde las causas profundas y fomente una coordinación más estrecha entre países. La tragedia, en este caso, no es solo la droga interceptada, sino la persistencia de un fenómeno que desafía las estructuras estatales y pone en jaque la seguridad y bienestar de millones.
Fuentes consultadas: Policía Nacional de Colombia, Gobierno de Chile, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), declaraciones del presidente Gustavo Petro, análisis de expertos en seguridad y organizaciones sociales chilenas.
2025-10-22