Violencia armada en la Región Metropolitana: cinco balaceras, múltiples víctimas y una crisis de seguridad sin resolver
Entre agosto y noviembre de 2025, la Región Metropolitana ha sido escenario de una serie de balaceras que han dejado un saldo trágico: al menos ocho personas fallecidas y más de una decena de heridas. Estos hechos violentos, que ocurrieron en comunas como Colina, San Bernardo, La Pintana y Quillota, no solo reflejan una escalada en el uso de armas de fuego sino que también evidencian las complejidades sociales, políticas y policiales que atraviesan estos episodios.
Cronología y hechos clave
El 27 de agosto, en La Pintana, una emboscada a una camioneta terminó con un hombre muerto y dos heridos graves tras recibir entre 60 y 80 disparos. La violencia se trasladó rápidamente a Salamanca, donde el 30 de agosto una balacera cerca de un colegio dejó un muerto y un herido, ambos hombres jóvenes.
El 3 de septiembre, en San Bernardo, un hombre adulto fue atacado con más de diez disparos, resultando en una herida de gravedad y riesgo vital. Poco después, el 6 de septiembre, en la comuna de Colina, un enfrentamiento armado terminó con un joven de 25 años fallecido y dos hermanos heridos, uno de ellos menor de edad.
El 21 de abril, en el campamento Aconcagua de Colina, un grupo de extranjeros abrió fuego contra una familia residente, dejando tres muertos y tres heridos. Finalmente, el 12 de noviembre, en Quillota, una balacera entre bandas rivales dejó tres muertos y cuatro heridos.
Perspectivas políticas y sociales
Desde la derecha política, figuras como José Antonio Kast y Evelyn Matthei han señalado la necesidad de endurecer las medidas de control y han emplazado al gobierno a responder con mayor firmeza. Kast afirmó que "la seguridad ciudadana es una prioridad y no podemos permitir que estos hechos queden impunes", mientras que Matthei no descartó redadas migratorias como parte de la solución.
En contraste, sectores del oficialismo y organizaciones de derechos humanos advierten que la violencia está vinculada a problemáticas estructurales como la desigualdad, la falta de oportunidades y la exclusión social. Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se ha llamado a abordar la violencia con políticas integrales y respeto a los derechos fundamentales. También se ha señalado la importancia de no estigmatizar a comunidades migrantes, pese a que en algunos incidentes se ha mencionado la participación de extranjeros.
Respuestas institucionales y policiales
Las autoridades han desplegado a unidades especializadas como la Brigada de Homicidios (BH), el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y el OS9 de Carabineros para investigar y perseguir a los responsables. Sin embargo, la multiplicidad de hechos y la complejidad de las redes criminales dificultan la resolución rápida de casos.
El inspector Matías Maulén de la PDI señaló que "los enfrentamientos armados responden a disputas territoriales y económicas entre grupos organizados, lo que genera un círculo de violencia difícil de romper".
Por otro lado, se han recuperado numerosas vainillas percutidas en los sitios de los atentados, evidenciando el uso indiscriminado de armas de fuego en espacios públicos, lo que ha generado alarma en la ciudadanía.
Voces ciudadanas y regionales
Los vecinos de las comunas afectadas expresan miedo y frustración. En Colina, donde la balacera de abril impactó a una familia, la comunidad reclama mayor presencia policial y programas sociales que prevengan la violencia.
En Quillota, la disputa entre bandas rivales ha provocado un aumento en la percepción de inseguridad, afectando la vida cotidiana y la actividad económica local.
Constataciones finales
Estos episodios violentos no son hechos aislados, sino manifestaciones de una crisis de seguridad que combina factores sociales, económicos y políticos. La presencia reiterada de armas de fuego, la participación de grupos organizados y la vulnerabilidad de ciertas comunidades configuran un escenario complejo.
Es evidente que las soluciones requieren un enfoque multidimensional: desde la investigación y persecución penal efectiva, hasta políticas públicas que aborden la raíz de la violencia, incluyendo la inclusión social, la prevención y la reparación.
El desafío para las autoridades y la sociedad chilena es encontrar un equilibrio entre la seguridad inmediata y la construcción de un tejido social que desactive el ciclo de violencia. Mientras tanto, las balaceras y sus víctimas siguen siendo un recordatorio brutal de las heridas abiertas en la Región Metropolitana y sus alrededores.