Dominga en el laberinto judicial: la lucha por definir el futuro ambiental y económico de Chile

El proyecto minero-portuario Dominga, ubicado en el norte de la Región de Coquimbo, ha transitado durante más de una década por un complejo entramado judicial, político y social que ha puesto en jaque la institucionalidad ambiental chilena y ha abierto un debate profundo sobre el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental.

Desde 2017, el Comité de Ministros ha rechazado en tres oportunidades la iniciativa, argumentando insuficiencias en información sobre biodiversidad y planes de contingencia ante derrames, especialmente en relación con especies en peligro como el tricahue y la protección del Archipiélago de Humboldt. Este último rechazo, en enero de 2025, se produjo con una inédita composición de miembros subrogantes, tras las inhabilitaciones de titulares por opiniones previas, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legitimidad y transparencia del proceso.

Paralelamente, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta ha adoptado una postura activa, ordenando en diciembre de 2024 el cumplimiento estricto de sentencias previas y solicitando al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dictar nuevas resoluciones, lo que ha sido interpretado por el Gobierno como una invasión de competencias. Esta disputa desembocó en un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) por parte del Ejecutivo, que en abril de 2025 suspendió temporalmente los procedimientos judiciales en curso, admitiendo la contienda de competencias entre el Tribunal Ambiental y el Comité de Ministros.

"Estamos utilizando las herramientas que contempla nuestra Constitución para hacer valer el Estado de derecho", afirmó el subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, defendiendo la acción del Gobierno que busca resguardar las atribuciones exclusivas del Comité de Ministros.

Por otro lado, la empresa Andes Iron, promotora de Dominga, ha denunciado estas maniobras como dilatorias, enfatizando que "el fallo del Tribunal Ambiental busca asegurar el cumplimiento íntegro de la sentencia, y que el Comité de Ministros ya agotó sus competencias". La firma ha solicitado además que el SEA modifique el estatus del proyecto a "aprobado" para avanzar en su ejecución.

En el plano social y regional, la controversia ha generado opiniones encontradas. En comunas como La Higuera, donde el proyecto se emplazaría, se visualiza como una oportunidad para generar hasta 10 mil empleos directos e indirectos en un territorio marcado por el desempleo y la escasez de servicios básicos. Sin embargo, organizaciones ambientalistas y comunidades locales alertan sobre el riesgo irreversible para la biodiversidad marina del Archipiélago de Humboldt, considerado uno de los ecosistemas más ricos y vulnerables del país.

"Dominga no es solo una mina. Es el espejo en que Chile debe mirarse. Lo que está en juego es qué país queremos ser", declararon los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, subrayando la dimensión ética y de legado que implica esta decisión.

Desde el ámbito académico y jurídico, expertos advierten que el caso Dominga desnuda las falencias del sistema de evaluación ambiental chileno, el riesgo de judicialización excesiva y la falta de seguridad jurídica que desincentivan la inversión y erosionan la confianza en las instituciones.

"La judicialización y la interferencia política no fortalecen la protección del medioambiente ni mejoran la calidad de los proyectos; generan incertidumbre y debilitan la institucionalidad", señalan analistas del Diario Financiero.

La tensión entre los poderes judiciales y administrativos, junto a la presión política y social, ha llevado a un estado de parálisis que mantiene a Dominga en un limbo legal y ambiental, con consecuencias visibles para la inversión, la gobernanza ambiental y las comunidades afectadas.

A la fecha, el Tribunal Constitucional mantiene abierta la contienda de competencias, sin una resolución definitiva que permita destrabar el conflicto. Mientras tanto, la controversia ha trascendido el caso particular para convertirse en un símbolo de la crisis institucional que enfrenta Chile en materia ambiental y de desarrollo sostenible.

Conclusiones

El caso Dominga revela una disputa profunda y multifacética donde convergen intereses económicos, ambientales, jurídicos y políticos. La falta de claridad en roles y competencias entre los órganos del Estado ha prolongado una incertidumbre que afecta no solo al proyecto, sino a la confianza en el sistema ambiental chileno.

La tensión entre proteger ecosistemas únicos y promover el desarrollo económico plantea un desafío que Chile debe enfrentar con reformas que fortalezcan la seguridad jurídica, la transparencia y la participación ciudadana.

La historia de Dominga es una tragedia ajena, donde los actores se enfrentan en un coliseo institucional y social, y el país observa expectante, consciente de que la resolución que se adopte marcará un precedente para el futuro ambiental y económico de Chile.