Secuestro y homicidio en La Pintana: la violencia que desgarra el tejido social del sur de Santiago
Un crimen que sacudió La Pintana a mediados de marzo ha llegado a una etapa judicial clave, pero las heridas que dejó siguen abiertas en la comunidad y en el debate nacional. El 17 de marzo de 2025, un hombre fue secuestrado y asesinado en un contexto que mezcla violencia del narcotráfico y disputas internas de bandas criminales. Su cuerpo calcinado fue encontrado en un sitio eriazo de la comuna, una imagen que encapsula la brutalidad y la desesperanza que se vive en sectores marginados del sur de Santiago.
Dos sospechosos fueron formalizados a fines de mayo, uno con prisión preventiva y otro con arresto domiciliario total, medida esta última que ha generado controversia y apelaciones del Ministerio Público. La fiscal Yasne Pastén detalló que la víctima, quien presuntamente había robado drogas y dinero a la banda a la que pertenecía, fue sometido a múltiples golpes que le causaron fracturas de costillas, colapso pulmonar y traumatismo craneoencefálico, además de signos de estar amarrado.
Desde la perspectiva judicial, este caso ejemplifica el desafío de equilibrar medidas cautelares que protejan la seguridad pública y respeten las garantías procesales. Mientras el tribunal optó por arresto domiciliario para uno de los imputados, la Fiscalía insiste en la prisión preventiva, argumentando el riesgo de fuga y la gravedad del delito.
En la comunidad de La Pintana, el impacto del crimen es palpable. Vecinos expresan miedo y frustración ante la violencia que parece normalizarse en sus calles. “Esto no solo es un hecho policial, es un síntoma del abandono que sufrimos hace años”, dice una dirigenta vecinal. Otros reclaman mayor presencia policial y políticas sociales que aborden las causas profundas de la delincuencia.
Desde el ángulo político, las voces se dividen. Algunos sectores de derecha llaman a mano dura y a fortalecer las penas para delitos violentos, mientras que organizaciones sociales y expertos en derechos humanos advierten que la solución no pasa solo por la represión sino por un enfoque integral que incluya prevención, rehabilitación y desarrollo social.
Analistas en seguridad pública señalan que este caso refleja una tendencia preocupante en la Región Metropolitana: la consolidación de bandas que operan con violencia extrema y disputas internas que afectan a civiles y generan un clima de inseguridad creciente. Además, la dificultad para desarticular estas organizaciones se ve agravada por la desconfianza en las instituciones y la falta de recursos adecuados para la investigación.
A 6 meses del crimen, el proceso judicial continúa y las demandas sociales por justicia y paz no han cesado. El tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días, durante los cuales se espera reunir más pruebas y testimonios que permitan esclarecer el rol exacto de los imputados y posibles cómplices.
En definitiva, este caso es un espejo de las múltiples crisis que atraviesan barrios como La Pintana: violencia, desigualdad, fragilidad institucional y un clamor por respuestas que no se agoten en la mera sanción penal. La tragedia del secuestro y homicidio es la punta visible de un iceberg social que exige una mirada profunda y plural para entender sus raíces y caminos posibles hacia la reparación y la convivencia.
Fuentes consultadas: Ministerio Público, Tribunal de Garantía de La Pintana, testimonios vecinales, análisis de expertos en seguridad y derechos humanos.