Crimen del empresario en Los Andes: tres imputados en prisión preventiva y un caso que desnuda tensiones sociales
El 23 de mayo de 2025, Juan Campos Arancibia, empresario de 62 años ligado al rubro del transporte en Los Andes, desapareció sin dejar rastro. Su cuerpo fue encontrado seis días después en el sector de Portezuelo Amarillo, con lesiones en el rostro que dificultaron su identificación. La investigación policial y judicial se aceleró con la detención de tres sospechosos de nacionalidad colombiana, quienes fueron captados en cámaras de seguridad realizando transacciones con las tarjetas bancarias de la víctima, un delito que, según el Ministerio Público, confirma su participación en el robo y homicidio.
El Juzgado de Garantía de Los Andes dictó prisión preventiva para los tres imputados, acusados de robo calificado e inhumación ilegal, y uno de ellos también por porte ilegal de arma prohibida. La audiencia se realizó bajo secreto, sin público ni prensa.
Este caso ha abierto un escenario de debate que trasciende lo judicial. Desde distintas voces se han puesto en tensión temas de seguridad, xenofobia y la percepción social sobre la inmigración. “No podemos permitir que la nacionalidad sea un factor para prejuzgar o estigmatizar”, señaló un activista de derechos humanos local, mientras que sectores más conservadores enfatizan la necesidad de políticas migratorias más estrictas para prevenir delitos.
Además, la familia de Campos Arancibia ha expresado su dolor y cuestionamientos hacia la lentitud en la investigación inicial, denunciando que “los primeros días fueron cruciales y se perdió tiempo valioso”. Por su parte, la Policía de Investigaciones ha defendido la rigurosidad del proceso, destacando que la pista decisiva surgió a partir de las transacciones bancarias ilegales detectadas tras la desaparición.
Históricamente, Los Andes ha experimentado episodios de violencia que reflejan las tensiones socioeconómicas de la zona, marcada por desigualdades y desafíos en el control territorial. En este sentido, expertos en seguridad advierten que el caso no debe ser simplificado como un hecho aislado, sino analizado dentro de un contexto más amplio de “problemas estructurales que requieren respuestas integrales y no solo represivas”.
En el plano judicial, el proceso sigue abierto y el plazo de investigación fijado es de seis meses. La medida de prisión preventiva busca asegurar la disponibilidad de los imputados mientras se clarifican las circunstancias del crimen.
Las verdades que emergen con claridad son que el empresario fue víctima de un delito violento y que la justicia ha tomado una postura firme en la detención de los sospechosos. Sin embargo, las consecuencias sociales son más complejas: el caso pone en evidencia las fracturas sociales, la fragilidad del sistema de seguridad y la necesidad de un debate profundo sobre migración, justicia y convivencia en regiones como Los Andes.
Este episodio, lejos de cerrarse con la formalización, invita a la reflexión sobre cómo Chile enfrenta sus desafíos internos y la manera en que las narrativas públicas pueden influir en la percepción ciudadana, más allá de los hechos judiciales comprobados.