El Acuerdo Codelco-SQM y el Litio: Entre la Estrategia Estatal y la Opacidad Corporativa
En mayo de 2025, Codelco y SQM sellaron un acuerdo que pretendía posicionar a Chile como líder mundial en la explotación del litio, un mineral clave para la transición energética global. Este pacto estratégico, anunciado sin licitación pública ni consulta indígena, otorgó a SQM un derecho de veto que ha generado controversia. Más de seis meses después, el debate se ha intensificado, desplegando un escenario donde convergen intereses corporativos, expectativas estatales y demandas sociales.
El acuerdo: ¿un paso hacia la soberanía o una concesión peligrosa?
Desde la perspectiva oficial, el convenio es un avance para consolidar una política nacional del litio, con Codelco como actor central que une la capacidad estatal con la experiencia privada de SQM. Sin embargo, críticos como el economista Diego del Barrio han denunciado que "la confidencialidad necesaria ha sido una verdadera cortina de humo", señalando la ausencia de mecanismos transparentes y de competencia abierta, así como la falta de información pública sobre informes económicos clave.
En este coliseo de intereses, el Estado aparece dividido: por un lado, la necesidad de eficiencia y competitividad en un mercado globalizado; por otro, la obligación de garantizar un control soberano y socialmente legítimo sobre un recurso estratégico. La entrega de un derecho de veto a SQM, vinculada a figuras como Ponce Lerou, ha sido interpretada por sectores políticos y sociales como una renuncia anticipada al control estatal efectivo, previsto para 2031.
Voces desde la política y la sociedad
El espectro político exhibe posturas encontradas. Mientras algunos sectores de derecha defienden el acuerdo como un modelo pragmático que asegura inversión y desarrollo tecnológico, la izquierda y movimientos sociales critican la opacidad y la falta de participación ciudadana. Desde regiones productoras, particularmente en el norte grande, comunidades indígenas y organizaciones territoriales han expresado su descontento por no haber sido consultadas, reforzando un sentimiento histórico de exclusión.
Académicos y expertos han aportado análisis que revelan la complejidad del desafío. La explotación del litio no solo implica decisiones económicas, sino también sociales, ambientales y culturales. La tensión entre la urgencia por posicionar a Chile en la cadena global de valor y la necesidad de respetar derechos y procesos democráticos ha quedado al desnudo.
Consecuencias y lecciones aprendidas
A seis meses del acuerdo, la principal constatación es que la gestión del litio en Chile sigue siendo un terreno de disputa donde convergen la economía, la política y la sociedad civil. La falta de transparencia y participación ha generado desconfianza que puede afectar la estabilidad del proyecto. Sin embargo, también ha puesto en evidencia la necesidad de repensar cómo el Estado chileno articula su rol en la administración de recursos estratégicos.
El caso Codelco-SQM revela que la soberanía sobre recursos naturales no se garantiza solo con acuerdos corporativos o decisiones tecnocráticas, sino con procesos abiertos, deliberativos y con rendición de cuentas claras. La tensión entre eficiencia y legitimidad sigue siendo el desafío central para una política del litio que aspire a ser sostenible y justa.
En definitiva, el acuerdo no es solo un contrato empresarial, sino un espejo donde se reflejan las contradicciones y aspiraciones de Chile frente a su futuro energético y social. La historia está aún en desarrollo, y la ciudadanía, como espectadora y actor, debe exigir claridad y participación para que no se repitan tragedias de exclusión y despojo que han marcado el pasado.