Corte Suprema reafirma límites en prisión preventiva: un pulso entre rigor legal y presiones sociales
El pulso entre la justicia y la opinión pública en torno a la prisión preventiva ha encontrado un nuevo capítulo con la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema. Desde mayo de 2025, el máximo tribunal ha reiterado su posición firme en exigir una motivación clara y concreta para mantener o revocar la prisión preventiva. Este estándar no es una novedad aislada, sino la continuidad de una línea jurisprudencial que se remonta a 2017, cuando la Corte ordenó la libertad de comuneros mapuche por falta de fundamentación adecuada.
En el centro de esta disputa se encuentran casos que han capturado la atención nacional, como los del exfutbolista Jorge Valdivia y el exsubsecretario Manuel Monsalve, quienes recuperaron su libertad no por evidencias sólidas de inocencia, sino por deficiencias en la argumentación judicial. Este fenómeno ha generado un debate intenso sobre la función de la prisión preventiva: ¿es una herramienta de seguridad o una medida cautelar sujeta a límites legales estrictos?
Desde la perspectiva política, las reacciones son encontradas. Sectores conservadores y algunos representantes del oficialismo han expresado preocupación por lo que consideran una flexibilización judicial que debilita la capacidad del sistema para enfrentar la delincuencia y proteger a la ciudadanía. Por otro lado, voces de la oposición y organismos de derechos humanos defienden la jurisprudencia como un avance necesario para evitar abusos y garantizar derechos fundamentales.
A nivel regional, la controversia se vive con particular intensidad en zonas con alta conflictividad social, donde la prisión preventiva ha sido una herramienta recurrente para enfrentar protestas y delitos asociados a la violencia rural. 'La Corte Suprema está poniendo un freno necesario a decisiones arbitrarias que han afectado especialmente a comunidades vulnerables,' señala un académico especializado en derecho penal de la Universidad de Chile.
Sin embargo, en sectores urbanos y medios de comunicación, la narrativa dominante suele centrarse en la inseguridad ciudadana y la percepción de impunidad, lo que presiona a los tribunales para adoptar posturas más restrictivas.
Este choque de visiones revela una disonancia cognitiva profunda en la sociedad chilena: la tensión entre la necesidad de seguridad y la protección de garantías procesales. La Corte Suprema, en este escenario, actúa como árbitro y baluarte del Estado de Derecho, insistiendo en que la ausencia de fundamentos concretos no puede ser suplida por la presión social o mediática.
En conclusión, la jurisprudencia actual de la Corte Suprema establece un estándar claro y exigente para la prisión preventiva, reafirmando que la justicia debe basarse en motivos precisos y no en percepciones o demandas externas. Esta postura, aunque polémica, fortalece el principio de legalidad y la protección de derechos, pero también obliga a una reflexión colectiva sobre cómo equilibrar seguridad y justicia en un país que busca respuestas a múltiples desafíos sociales.
Fuentes: Diario Financiero, análisis de expertos en derecho penal, informes de organismos de derechos humanos.