El laberinto de la seguridad y la justicia en Chile: Entre la xenofobia, la eficiencia y la prevención
Un choque de roles y tensiones se ha instalado en el corazón del sistema de seguridad y justicia chileno, donde Carabineros, médicos y el sistema judicial se enfrentan en un escenario que trasciende la simple constatación de lesiones. Desde agosto de 2025, denuncias sobre presuntos sesgos y actitudes xenófobas de médicos venezolanos hacia uniformados han encendido la polémica. La situación se ha convertido en un reflejo de problemas estructurales que atraviesan la seguridad pública, la justicia penal y la convivencia social en Chile.
El conflicto en la atención médica: ¿un síntoma o la raíz?
Carabineros han reportado esperas prolongadas y trato discriminatorio en recintos hospitalarios donde deben constatar lesiones de detenidos, especialmente cuando se trata de profesionales de nacionalidad venezolana. Según testimonios recogidos, estas demoras no solo afectan la labor policial sino que también generan un clima de desconfianza y tensión entre funcionarios y personal de salud.
“Existe una inclinación política y xenofobia al uniforme de una parte de profesionales que entorpecen los procedimientos policiales, sabiendo que el único carro de la comuna podría estar ayudando a otras víctimas de la delincuencia”, señala una fuente cercana a la investigación.
Este conflicto ha puesto en primer plano la urgencia de legislar para proteger tanto a los policías en ejercicio como para garantizar la eficiencia y respeto en los procesos médicos y judiciales. Recordemos que gobiernos anteriores, como el de Sebastián Piñera, intentaron sin éxito aprobar leyes que sancionaran el insulto grave a Carabineros, un debate que sigue abierto y vigente.
La violencia juvenil y la prevención: un desafío pendiente
Paralelamente, la violencia juvenil sigue siendo una preocupación crítica. En los últimos dos años, las causas penales con imputados adolescentes han aumentado un 25%, mientras que más de 5.000 menores están bajo tutela estatal y 75.000 esperan medidas de protección. Expertos en prevención, como Gayle MacLean de Fundación Paz Ciudadana, advierten que la seguridad no se construye solo con un sistema penal más efectivo, sino con un compromiso igual de fuerte en prevención temprana y protección social.
“Invertir en prevención y protección no significa impunidad, sino dar herramientas que permiten crecer lejos de la violencia y el delito”, sostiene MacLean, enfatizando que la justicia debe anticiparse y no solo reaccionar.
Voces contrapuestas: entre la seguridad y los derechos humanos
Desde sectores policiales, la demanda es clara: agilizar procesos y sancionar actitudes que obstaculizan su trabajo, como las denuncias de discriminación en hospitales. Para ellos, cada minuto perdido es una oportunidad menos para combatir la delincuencia.
En cambio, organizaciones de derechos humanos y sectores sociales advierten sobre los riesgos de caer en discursos simplistas que estigmatizan a profesionales extranjeros o reducen la violencia a un problema policial. Señalan que la xenofobia, entendida como rechazo y discriminación, vulnera derechos fundamentales y dificulta la cooperación necesaria para enfrentar la inseguridad.
Constataciones y consecuencias
Este entramado revela una verdad incómoda: la seguridad en Chile está en una encrucijada donde convergen problemas de eficiencia institucional, tensiones sociales y prejuicios culturales. La constatación de lesiones, un trámite aparentemente técnico, se ha convertido en un campo de batalla simbólico y real.
La falta de legislación adecuada, la ausencia de protocolos claros y la insuficiente inversión en prevención y protección social alimentan un ciclo que afecta a policías, detenidos y la comunidad en general.
La consecuencia más clara es que sin un compromiso integral que incluya reformas legales, capacitación intercultural y un enfoque en prevención, el país seguirá enfrentando un sistema de justicia y seguridad fragmentado y tensionado.
En definitiva, la tragedia que se despliega no es solo la de un procedimiento médico-policial, sino la de un país que debe decidir si quiere romper el círculo vicioso de la violencia, la desconfianza y la discriminación, o si continuará dejando que estas fuerzas lo dividan y debiliten.
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Fuentes: El Informador Chile, Fundación Paz Ciudadana, testimonios de funcionarios policiales y análisis de expertos en seguridad y derechos humanos.