Caso Muñeca Bielorrusa: La exministra Vivanco enfrenta querellas y nuevas aristas en una trama que sacude al Poder Judicial

Un escándalo de corrupción judicial que ha ido creciendo en complejidad y repercusiones. Así puede resumirse la evolución del caso conocido como "Muñeca Bielorrusa", que desde sus inicios ha puesto en jaque la confianza en el sistema de justicia chileno. A fines de noviembre de 2025, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió ampliar la querella penal contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, vinculada al presunto pago de coimas para obtener fallos favorables en litigios de alto perfil.

El origen y la expansión de la investigación

El caso se originó en torno a un conflicto judicial entre la empresa bielorrusa Belaz Movitec y Codelco, donde se sospecha de sobornos para influir en la resolución de la Corte Suprema. Las investigaciones iniciales apuntaron a la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles, y a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes hoy cumplen prisión preventiva. Sin embargo, la gravedad del asunto llevó a que el CDE, tras reunirse con los ministros de Interior y Justicia, incluyera formalmente a Vivanco en la querella, abriendo la puerta a su posible formalización y medidas cautelares.

Paralelamente, la Fiscalía Regional de Los Lagos, bajo la dirección de Carmen Gloria Wittwer, fue encargada de indagar nuevas aristas: los supuestos pagos realizados por el conservador de bienes raíces Sergio Yáber a parlamentarios como Matías Walker y Cristián Araya. Además, se investiga una tercera línea que involucra a la inmobiliaria Fundamenta y a la sociedad de abogados Lagos, Vargas & Silber, ligada al exdiputado DC Gabriel Silber, quien también aparece en la trama aunque sin formalización hasta ahora.

Voces enfrentadas: defensas, jueces y fiscales en el centro del debate

El desarrollo judicial ha estado marcado por tensiones que recuerdan a un coliseo romano donde se enfrentan actores con intereses contrapuestos. En audiencia, la jueza Michelle Ibacache recriminó a la Fiscalía por vulnerar el principio de objetividad, señalando irregularidades en la toma de declaraciones y filtraciones que afectarían el derecho a defensa. Las defensas, por su parte, han denunciado una investigación basada en conjeturas y han solicitado sobreseimientos temporales ante lo que consideran distracción de garantías procesales.

Desde el Ministerio Público, el fiscal adjunto Marco Muñoz aseguró que todas las diligencias están siendo transparentadas y puestas a disposición de las defensas, aunque la controversia persiste y la audiencia de formalización se extendió con réplicas y posibles medidas cautelares pendientes.

Perspectivas y consecuencias visibles

Este caso ha generado un debate profundo sobre la integridad del Poder Judicial y la confianza ciudadana en las instituciones. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, calificó los hechos como "de extrema gravedad" y advirtió que "dañan la confianza en el sistema de justicia". Desde distintos sectores políticos, las reacciones van desde la exigencia de transparencia y rigor investigativo hasta la defensa de la presunción de inocencia de los involucrados.

Para la sociedad, la trama Muñeca Bielorrusa es más que un escándalo judicial: es un espejo que refleja las debilidades estructurales y los riesgos de corrupción en los niveles más altos del Estado. La ampliación de la querella y la multiplicación de aristas investigativas muestran un proceso en desarrollo, con consecuencias que podrían redefinir la relación entre justicia, política y ciudadanía.

Constataciones finales

- La inclusión de la exministra Vivanco en la querella penal marca un punto de inflexión en la causa, elevando la complejidad y el nivel de responsabilidad investigada.

- La investigación se ha ramificado hacia pagos a parlamentarios y vínculos con el sector inmobiliario, evidenciando una red más amplia que la inicialmente sospechada.

- Las críticas de la jueza y las defensas al accionar fiscal revelan tensiones institucionales que ponen en juego garantías procesales y la percepción pública del sistema judicial.

- El ministro Gajardo y otros actores públicos coinciden en la necesidad de esclarecer todos los hechos para restaurar la confianza en la justicia.

Este caso seguirá siendo un termómetro de la salud democrática y la capacidad del Estado chileno para enfrentar la corrupción en sus propias entrañas.