
El 1 de noviembre de 2025 marcó un antes y un después en la legislación laboral chilena con la entrada en vigencia de la jornada laboral de 40 horas semanales, reducida desde las 45 que rigieron durante décadas. Este cambio fue aprobado en el Congreso tras años de debates y movilizaciones sociales que exigían un equilibrio más justo entre trabajo y vida personal. Sin embargo, a casi un mes de su implementación, las reacciones y consecuencias comienzan a delinear un escenario complejo y multifacético.
Para los sindicatos y trabajadores, esta reforma representa una victoria histórica. "Por fin tenemos la oportunidad de dedicar más tiempo a nuestras familias y a nuestro bienestar," comenta María López, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Desde las regiones, especialmente en zonas con alta densidad industrial como Antofagasta y Biobío, los empleados destacan una mejora palpable en su calidad de vida, con menos agotamiento y mayor satisfacción personal.
Sin embargo, no todos comparten esta visión unívoca. Empresarios y cámaras gremiales han expresado preocupación por el impacto en la productividad y competitividad. "Reducir horas sin ajustes claros en la organización puede afectar la capacidad de las empresas para cumplir con sus metas," advierte Juan Pérez, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). En sectores como la manufactura y el retail, donde los márgenes son estrechos, se reportan ya ajustes en turnos y, en algunos casos, ralentización en la atención al cliente.
Expertos en economía laboral coinciden en que la reducción de jornada puede tener efectos positivos en la productividad per cápita si se acompaña de mejoras en la gestión y tecnología. Sin embargo, la transición requiere tiempo y políticas complementarias para evitar impactos negativos en el empleo y la informalidad, especialmente en pymes y sectores vulnerables. Un estudio reciente de la Universidad de Chile señala que en el corto plazo podría observarse una ligera desaceleración en el crecimiento económico, pero con beneficios sociales que compensarían esa baja.
En Santiago, la percepción es más polarizada. Mientras algunos trabajadores celebran la medida, otros, especialmente en el sector servicios, manifiestan incertidumbre ante la posibilidad de reducción de ingresos por horas extras o cambios en contratos. En regiones, la reforma ha reactivado debates sobre desigualdad territorial y la necesidad de políticas que consideren las particularidades locales.
La jornada laboral de 40 horas ya es una realidad en Chile. Su implementación es un experimento social y económico que pone en tensión diversos intereses y expectativas. La evidencia disponible hasta ahora sugiere que, si bien mejora la calidad de vida de muchos trabajadores, también plantea desafíos para la productividad y la estabilidad del empleo, especialmente en sectores menos preparados para la transición.
Queda claro que esta reforma no es un cambio aislado ni definitivo, sino el inicio de un proceso que requerirá ajustes, diálogo continuo y políticas públicas que mitiguen sus efectos adversos sin renunciar a los avances sociales conquistados. En este coliseo laboral, los protagonistas están en plena batalla y el público observa atento, consciente de que lo que está en juego es más que un número de horas: es la redefinición del equilibrio entre trabajo, bienestar y desarrollo económico en Chile.