Sumarios por licencias médicas fraudulentas en la administración pública: un golpe a la confianza ciudadana

Un escándalo que sacude la probidad pública

A finales de mayo de 2025, la Tesorería General de la República (TGR) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) iniciaron sumarios contra más de un centenar de funcionarios por el uso indebido de licencias médicas, algunas de ellas utilizadas para viajar fuera del país mientras se encontraban en descanso laboral. Este fenómeno, que pone en entredicho la confianza ciudadana en las instituciones, ha evolucionado desde una serie de denuncias aisladas hasta una investigación sistemática con consecuencias aún en desarrollo.

En la TGR se instruyeron 48 sumarios, mientras que en el SII se contabilizan 102 casos, de los cuales 89 corresponden a funcionarios activos y 13 a exfuncionarios que, pese a haber abandonado la entidad, arrastran una "marca" que podría impedirles regresar al servicio público.

Perspectivas encontradas: entre la gravedad del fraude y la defensa institucional

Desde el gobierno, Hernán Nobizelli, tesorero general, ha enfatizado la gravedad del asunto: "Este es un tema grave, que daña la fe pública y la confianza que tiene la ciudadanía hacia las instituciones". Según Nobizelli, la mayoría de los funcionarios mantienen una conducta probada de probidad, pero el abuso detectado requiere un reforzamiento de controles y coordinación interinstitucional.

Por su parte, Javier Etcheberry, director del SII, ha sido enfático en su condena: "Encuentro muy grave que sea una licencia falsa. Si no está enfermo y pide licencia, me parece grave que la persona lo haga y que el médico le dé la licencia. Dicho eso, más encima que viajen... peor". Etcheberry relató que tras enviar cartas a los funcionarios con licencias prolongadas, varios retornaron a sus labores, mientras que otros enfrentan sumarios que podrían derivar en sanciones administrativas o legales.

Sin embargo, desde sectores sindicales y algunos funcionarios se han planteado reparos, advirtiendo que la presión sobre el uso de licencias podría afectar derechos laborales y la privacidad médica. Argumentan que el sistema de salud y los procesos de certificación deben ser revisados para evitar injusticias y proteger a los trabajadores enfermos.

Un problema con raíces profundas y consecuencias visibles

Este caso no solo revela un abuso puntual, sino que pone sobre la mesa la tensión entre la necesidad de controlar el gasto público y la protección de derechos laborales. El fraude con licencias médicas afecta la eficiencia del Estado y la percepción ciudadana sobre la honestidad de sus servidores, pero también expone falencias en los mecanismos de supervisión y certificación médica.

Las investigaciones continúan abiertas, y aunque aún no se registran despidos en la TGR, la presión pública y el compromiso institucional apuntan a sanciones ejemplares. La consecuencia inmediata es un aumento en el escrutinio sobre la gestión del personal público y una posible reforma en la normativa que regula las licencias médicas en el sector estatal.

Conclusiones y desafíos a futuro

El caso de las licencias médicas fraudulentas en la administración pública chilena es una tragedia colectiva donde se enfrentan la probidad institucional y las vulnerabilidades del sistema. La transparencia en el proceso de sumarios y la pluralidad de voces —desde autoridades, funcionarios y expertos— permiten comprender la complejidad del fenómeno.

Queda claro que la confianza pública se resiente cuando el abuso se naturaliza, pero también que la solución no es simplista ni unilateral. Reforzar controles sin vulnerar derechos, mejorar la fiscalización médica y promover una cultura ética en la función pública son tareas pendientes.

Este episodio, lejos de cerrarse con un titular, abre un debate más amplio sobre la integridad del Estado y la responsabilidad ciudadana en la vigilancia de sus instituciones.