
En el corazón del conflicto que devasta Gaza, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) ha declarado tener "miles de camiones de ayuda cargados con suministros a la espera de entrar en la Franja" desde hace meses. Sin embargo, el bloqueo y las condiciones impuestas por Israel han mantenido a la población palestina en una situación de emergencia prolongada, con almacenes vacíos y necesidades crecientes.
Este escenario no es nuevo, pero su persistencia revela un entramado de tensiones políticas y humanitarias que exceden la simple logística. Por un lado, Israel ha implementado un nuevo sistema de distribución de ayuda concentrado en cuatro puntos del sur de Gaza, una medida que ha sido recibida con rechazo frontal por parte de la ONU y organizaciones humanitarias. "Este sistema carece de neutralidad y obliga a desplazamientos forzosos a los gazatíes", denuncian desde Naciones Unidas.
En las primeras horas de esta nueva modalidad, se registraron al menos 47 heridos por disparos del ejército israelí en puntos de distribución, un hecho que pone en evidencia la fragilidad y el riesgo que implica la entrega de ayuda en un territorio en conflicto.
Desde la perspectiva israelí, las sospechas sobre la UNRWA no han cesado. El gobierno acusa a la agencia de tener empleados vinculados a Hamás, el grupo islamista responsable del ataque del 7 de octubre de 2023. Sin embargo, como señala el jefe de UNRWA, Philippe Lazzarini, "el gobierno de Israel no ha presentado pruebas creíbles ni ha permitido procesos de verificación adecuados". Tras más de un año de acusaciones sin sustento, la agencia sostiene que estas denuncias carecen de fundamento y piden el fin de la campaña de desinformación.
Este choque de narrativas refleja una profunda desconfianza que obstaculiza la asistencia efectiva a una población que supera los dos millones de personas y que sufre las consecuencias de un bloqueo casi total por casi tres meses.
Desde la sociedad civil palestina, la opinión es clara: la ayuda es insuficiente y las condiciones impuestas por Israel agravan la crisis humanitaria. Mientras tanto, en Israel, sectores políticos y de seguridad defienden las medidas como necesarias para controlar la seguridad y evitar que Hamás se beneficie de la ayuda.
Este conflicto entre seguridad y humanidad, entre control y ayuda, ha convertido la distribución de ayuda en Gaza en un campo de batalla más, donde la población civil es la principal víctima.
En conclusión, los hechos confirman que la crisis humanitaria en Gaza no solo es producto de la escasez de recursos, sino también de un entramado político y de seguridad que bloquea la entrega efectiva de ayuda. La falta de confianza mutua entre Israel y la UNRWA, junto con las medidas restrictivas y la violencia en los puntos de distribución, prolongan el sufrimiento de la población. La única certeza es que mientras esta dinámica persista, la ayuda seguirá esperando en las puertas de Gaza, y la tragedia de sus habitantes se profundizará sin resolver.