
El 26 de abril de 2025, el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso dictó condenas contra tres reos fugados que participaron en el homicidio de la suboficial de Carabineros Rita Olivares, ocurrido en marzo de 2023 en Quilpué. Edward Fuenzalida, Maximiliano Fuenzalida y Matías Peralta, quienes escaparon de la cárcel de Valparaíso en julio de 2021, fueron sentenciados por robo con violencia, porte ilegal de arma de fuego y quebrantamiento de condena. La Fiscalía Local, representada por el fiscal Felipe González, anunció que la audiencia por el homicidio se realizará próximamente, buscando penas de 15 años para cada uno.
La secuencia que une la fuga masiva de seis reos en 2021 y el asesinato de una funcionaria policial dos años después revela una cadena preocupante de fallas en el sistema penitenciario y de seguridad pública. Los condenados permanecieron prófugos durante meses, tiempo en que cometieron delitos graves, culminando en el homicidio de Olivares. Este hecho no solo conmocionó a la ciudadanía de la Región de Valparaíso, sino que también encendió el debate sobre la eficacia del control carcelario y la prevención del crimen.
Desde el mundo político y social, las reacciones han sido diversas y, en ocasiones, encontradas. Por un lado, sectores conservadores y agrupaciones de víctimas exigen medidas más estrictas para evitar fugas y reforzar la seguridad en las cárceles, señalando que 'la impunidad y la permisividad terminan pagando con vidas inocentes'. En contraste, organizaciones de derechos humanos y expertos en justicia penal advierten que el problema radica en la sobrepoblación y las condiciones precarias de los recintos penitenciarios, además de la falta de programas efectivos de reinserción social.
En las calles de Quilpué, la comunidad aún lidia con el dolor y la indignación. Familiares de la carabinera Olivares han expresado su descontento con la lentitud de la justicia y la sensación de inseguridad que persiste. 'Queremos que se haga justicia, pero también que esto no vuelva a pasar', declaró una hermana de la víctima.
La fuga de 2021, que permitió la salida de seis internos, entre ellos los condenados, puso en evidencia las falencias en la vigilancia y protocolos de seguridad. Investigaciones posteriores señalaron negligencias administrativas y falta de recursos para el control efectivo de los recintos. Un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos señaló que 'las cárceles chilenas requieren una reforma profunda para garantizar seguridad sin sacrificar los derechos fundamentales'.
Este caso muestra que la violencia y la inseguridad no solo son producto de actos aislados, sino que emergen de un sistema complejo donde las fallas institucionales, la falta de recursos y la insuficiente coordinación entre organismos públicos juegan un rol crucial. La condena de los tres reos es un paso necesario, pero insuficiente para sanar las heridas sociales y restaurar la confianza en las instituciones.
La justicia chilena enfrenta el desafío de equilibrar la aplicación rigurosa de la ley con reformas estructurales que prevengan futuras tragedias. Mientras tanto, la memoria de la suboficial Olivares permanece como un recordatorio doloroso de las consecuencias humanas que puede tener la desatención estatal.
Fuentes: La Tercera, Fiscalía Local de Valparaíso, Instituto Nacional de Derechos Humanos.