
Hong Kong enfrenta una tragedia que ha marcado un antes y un después en su historia urbana. El incendio que devastó siete de los ocho bloques del complejo Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, ha dejado un saldo de 83 muertos, 279 desaparecidos y decenas de heridos, entre ellos 11 bomberos. Lo ocurrido no solo es el peor siniestro de este tipo en tres décadas, sino también una catástrofe que desnuda la complejidad de la gestión urbana, la seguridad en las obras y las tensiones políticas que se desataron tras el desastre.
El incendio comenzó en la tarde del miércoles 26 de noviembre de 2025, en uno de los edificios del complejo residencial. Lo que parecía un foco inicial se transformó en una llamarada voraz, alimentada por la presencia de andamios de bambú recubiertos con mallas de seguridad, lonas impermeables y planchas de poliestireno expansivo altamente inflamables. Esta combinación de materiales, utilizados en las obras de renovación que comenzaron en julio de 2024, facilitó la propagación en cuestión de minutos a los edificios vecinos.
"La velocidad de propagación fue inusual y preocupante", explicó un portavoz del Departamento de Bomberos, que movilizó a 1.250 efectivos y 304 vehículos en la operación de rescate y control. La amenaza de colapso parcial del andamiaje obligó a extremar las precauciones, ralentizando las labores de salvamento.
La investigación policial no tardó en apuntar hacia la responsabilidad directa de quienes supervisaron las obras. Dos directores y un consultor de ingeniería de la empresa contratista fueron detenidos bajo cargos de homicidio imprudente. La acusación se sustenta en la utilización de materiales que no solo incumplían normas de seguridad, sino que además potenciaron el desastre.
Desde el sector oficial, el jefe ejecutivo John Lee calificó la tragedia como una "catástrofe masiva" y anunció la suspensión de las campañas electorales previstas para el 7 de diciembre, abriendo la puerta a una posible postergación de los comicios. En paralelo, la Comisión Independiente Contra la Corrupción (ICAC) inició una investigación para determinar si hubo irregularidades o prácticas corruptas en la adjudicación y ejecución de las obras, cuyo valor asciende a 330 millones de dólares hongkoneses.
No obstante, desde algunos sectores empresariales y sociales se ha planteado una mirada más amplia. "Este incendio revela fallas estructurales en la regulación y fiscalización de la construcción en Hong Kong", señaló un experto en urbanismo, quien añadió que la presión por acelerar proyectos y reducir costos podría estar en el origen de estas negligencias.
La tragedia ha golpeado con especial dureza a las comunidades residentes, muchas de ellas con población envejecida y vulnerable. Al menos 62 personas permanecían atrapadas en los edificios al momento más crítico, y el rescate de sobrevivientes fue una carrera contra el tiempo.
La conmoción social se tradujo en una ola de solidaridad sin precedentes. Fundaciones y grandes empresas, como la de Jack Ma y Alibaba, comprometieron millones de dólares para apoyar a las familias afectadas y a los equipos de emergencia. Organizaciones internacionales y locales han puesto en marcha campañas de ayuda y reconstrucción.
Este incendio no solo es un episodio trágico, sino un espejo que refleja problemas profundos en la gestión urbana, la seguridad laboral y la transparencia en Hong Kong. Las detenciones y la investigación abierta muestran que la justicia busca respuestas, pero también plantean interrogantes sobre la prevención y la responsabilidad colectiva.
Las consecuencias políticas inmediatas —como la suspensión de campañas electorales— evidencian que el impacto va más allá de lo local y se inserta en la dinámica política de la ciudad. La magnitud de la catástrofe invita a una reflexión crítica sobre cómo equilibrar desarrollo, seguridad y regulación en contextos urbanos densos y complejos.
Este episodio, con sus múltiples aristas y voces contrapuestas, deja una enseñanza clara: la tragedia puede ser evitada si se prioriza la vida humana por sobre los intereses económicos y se establecen controles rigurosos y transparentes. Hong Kong, ahora, debe reconstruir no solo sus edificios, sino también la confianza de su gente.