
Un paso histórico que no cierra el debate
El 27 de mayo de 2025, la Asamblea Nacional francesa aprobó en primera lectura una ley para legalizar la eutanasia en casos de enfermedades incurables en fase avanzada o terminal, con 305 votos a favor y 199 en contra. Este hecho marcó un hito en la política sanitaria europea, pero no sin dejar tras de sí un campo minado de cuestionamientos éticos, políticos y sociales que hoy, seis meses después, siguen generando tensiones.
El presidente Emmanuel Macron calificó la votación como 'una etapa importante, un camino de fraternidad con dignidad y humanidad', mientras la ministra de Sanidad, Catherine Vautrin, destacó el carácter 'francés, estricto y regulado' del procedimiento aprobado. Sin embargo, estas palabras no disipan las dudas ni las críticas que persisten en diversos sectores.
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La ley contó con el apoyo mayoritario de la izquierda y del centro macronista, pero encontró resistencia en la derecha conservadora, que aunque tuvo libertad de voto, mostró una mayoría contraria. Curiosamente, 19 diputados de la extrema derecha votaron a favor, mientras que algunos socialistas se opusieron, evidenciando que la cuestión atraviesa las líneas ideológicas tradicionales.
El texto establece que la eutanasia solo podrá aplicarse a pacientes que expresen su voluntad libremente hasta el momento mismo de la intervención, excluyendo a quienes estén en coma o sufran Alzheimer avanzado sin capacidad de consentimiento actual. Esto genera un debate ético sobre la autonomía y dignidad en el final de la vida, especialmente en comparación con otros países europeos donde el consentimiento anticipado es válido.
Además, el proceso requiere la evaluación colegiada de un grupo médico, un periodo de reflexión de dos días y la autoadministración de la sustancia letal, salvo en casos de imposibilidad física, donde un médico podría intervenir.
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Las organizaciones pro derechos civiles y grupos médicos que apoyan la ley valoran que permitirá evitar el sufrimiento de pacientes que hoy deben recurrir a viajes al extranjero para morir dignamente. Sin embargo, críticos advierten que las restricciones impuestas podrían dejar fuera a muchos enfermos vulnerables y que el procedimiento es demasiado burocrático y lento.
En el terreno social, asociaciones religiosas y grupos conservadores mantienen una postura firme contra la eutanasia, argumentando que la vida debe protegerse hasta su fin natural y que la legalización abre la puerta a abusos y presiones sobre pacientes frágiles.
Por su parte, algunos expertos en bioética llaman a continuar el debate para ampliar derechos y flexibilizar criterios, mientras que otros piden cautela para evitar una normalización apresurada de la muerte asistida.
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Tras su aprobación en primera lectura, el proyecto de ley debe pasar por el Senado en otoño de 2025 y regresar a la Asamblea para una segunda lectura en 2026. Este proceso promete ser conflictivo, ya que las diferencias políticas y sociales siguen vigentes y el tema toca fibras profundas en la sociedad francesa.
Lo que queda claro es que la legalización de la eutanasia en Francia no es un punto final, sino un capítulo más en la compleja trama de derechos, ética y política que rodea al final de la vida. La ley aprobada es un compromiso entre quienes desean un acceso más amplio a la muerte asistida y quienes buscan preservar límites estrictos, reflejando la dificultad de conciliar valores en sociedades plurales.
Para Chile y otros países latinoamericanos, este avance europeo ofrece una oportunidad para observar con distancia y rigor cómo se desarrollan estas políticas, sus impactos sociales y las lecciones que se pueden extraer para futuras discusiones nacionales.
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En suma, la legalización de la eutanasia en Francia es un triunfo legislativo que abre nuevas preguntas y mantiene viva la tensión entre autonomía individual, protección social y valores culturales. La historia continúa, y con ella, el desafío de construir consensos en torno a la muerte digna.
2025-10-12
2025-10-11