Contraloría endurece control sobre licencias médicas en las FF.AA. y policías: un debate que trasciende cifras

Un desafío para la Contraloría y el Estado

En mayo de 2025, la Contraloría General de la República anunció la ampliación de su investigación sobre el uso indebido de licencias médicas, incluyendo ahora a funcionarios de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y policías, quienes cuentan con sistemas previsionales propios como Capredena y Dipreca. Esta medida, inédita en la historia reciente del control estatal, abrió un debate que aún hoy reverbera en la esfera pública y política.

El origen de esta fiscalización se remonta a denuncias y hallazgos iniciales sobre funcionarios públicos que, estando con licencia médica, realizaron viajes al extranjero, mantuvieron segundos empleos en el sector privado o incluso participaron en la comercialización de licencias a través de redes sociales. Estos hechos fueron confirmados en informes preliminares y motivaron la ampliación del control a sectores tradicionalmente menos fiscalizados.

Perspectivas encontradas

Desde la Contraloría, su titular Dorothy Pérez defendió la necesidad de una dotación adecuada y de un control riguroso para asegurar la integridad en el uso de recursos públicos y la confianza ciudadana. “Este informe vamos a emitirlo durante todos los años”, afirmó, subrayando la continuidad y profundidad del proceso.

En cambio, voces dentro de las FF.AA. y policías han expresado preocupación por lo que consideran una intromisión excesiva en la autonomía de sus instituciones, argumentando que los sistemas previsionales propios y la naturaleza particular de sus funciones requieren un tratamiento diferenciado.

En el Congreso, el debate también fue intenso. Manuel José Ossandón (RN) sostuvo que quienes hayan hecho mal uso de licencias médicas para viajar o ausentarse deberían ser removidos de sus cargos. Mientras tanto, José Miguel Castro (RN) advirtió a los funcionarios involucrados que “preocúpense”, reflejando un tono de advertencia y exigencia de transparencia.

Un fenómeno con raíces profundas

Este caso no es solo una cuestión de números o procedimientos administrativos. Se inscribe en una problemática mayor de la función pública chilena: la tensión entre control, confianza y la cultura laboral en un Estado que se ha expandido y diversificado en las últimas décadas.

Actualmente, la Contraloría tiene una dotación de 2.197 funcionarios, un número que ha sido cuestionado pero defendido por su presidente como insuficiente para las crecientes demandas de fiscalización. La complejidad de supervisar licencias médicas en sectores con regímenes especiales como las FF.AA. y policías añade una capa más a este desafío.

Consecuencias visibles y aprendizajes

A seis meses del inicio de esta investigación, se pueden identificar varias verdades y consecuencias:

- La ampliación del control ha puesto en evidencia prácticas que erosionan la confianza pública en las instituciones y en la gestión estatal.

- La resistencia de ciertos sectores a la fiscalización refleja una tensión histórica entre autonomía institucional y rendición de cuentas, que Chile deberá resolver para fortalecer su democracia.

- La política y la opinión pública han reaccionado con demandas claras de transparencia, pero también con debates sobre los límites y alcances del control estatal.

- Finalmente, la Contraloría ha dejado claro que la vigilancia será constante y que no se trata solo de sancionar, sino de generar una cultura de responsabilidad y ética pública.

Este episodio es un recordatorio de que la función pública chilena está en un proceso de maduración, donde la rendición de cuentas y el control riguroso deben convivir con el respeto a las particularidades de cada institución. El desafío es encontrar ese equilibrio sin sacrificar la confianza ni la eficacia.

Las próximas etapas de esta fiscalización serán clave para entender cómo Chile enfrenta este complejo cruce entre control, autonomía y confianza social.

Fuentes: Cooperativa.cl, declaraciones de Dorothy Pérez, informes de la Contraloría General de la República, pronunciamientos del Senado y Cámara de Diputados.