Contraloría amplía investigación sobre licencias médicas en las Fuerzas Armadas y policías: un foco que trasciende lo sanitario
Un escándalo que no cesa y que ahora alcanza las entrañas de las instituciones de seguridad del Estado. Desde mayo pasado, la Contraloría General de la República inició una investigación sobre el uso irregular de licencias médicas en funcionarios públicos, que ha ido creciendo hasta incluir a miembros de las Fuerzas Armadas y policías, cuyos regímenes previsionales —Capredena y Dipreca— habían quedado inicialmente fuera del foco principal.El 26 de mayo de 2025, la Contralora Dorothy Pérez anunció en la Comisión de Salud del Senado la ampliación del alcance de la fiscalización.
El origen de la crisis
La investigación partió tras denuncias sobre la comercialización de licencias médicas a través de redes sociales y mercados digitales, con precios variables según la duración de la licencia.Se detectaron casos de funcionarios que, estando con licencia médica, realizaron viajes al extranjero o mantuvieron empleos paralelos en el sector privado. Estas prácticas no solo vulneran la ética pública, sino que erosionan la confianza ciudadana en instituciones clave.
Contraloría en la mira: entre la fiscalización y la política
La fiscalización ha puesto en jaque a sectores tradicionalmente blindados. La inclusión de funcionarios de Capredena y Dipreca representa un salto en la investigación, pues estos organismos manejan regímenes especiales de previsión social para militares y policías.“Este informe vamos a emitirlo durante todos los años”, advirtió Pérez, subrayando la intención de mantener una vigilancia constante y rigurosa.
Sin embargo, la respuesta política no ha sido unánime. Desde el Senado, Manuel José Ossandón (RN) fue categórico: “Una persona que viajó con licencia no merece estar trabajando acá”. Por su parte, José Miguel Castro, líder de los diputados, lanzó una advertencia a quienes incurrieron en estas conductas: “Preocúpense”.
Este cruce de posturas refleja un debate profundo sobre la responsabilidad, la sanción y la transparencia en el sector público.
Ecos en otras instituciones
La investigación de la Contraloría ha generado un efecto dominó. Ministerios, el Poder Judicial y ambas cámaras del Congreso comenzaron sus propias revisiones internas, aunque no están directamente bajo la auditoría del ente contralor en este tema.Este fenómeno evidencia una crisis transversal que supera el ámbito sanitario y se instala en la gestión pública y la ética administrativa.
Consecuencias y aprendizajes
A seis meses de iniciada la investigación, queda claro que el mal uso de licencias médicas no es un problema aislado ni menor. Ha puesto en evidencia fallas estructurales en la fiscalización, vacíos legales y la necesidad de un cambio cultural en el sector público.
Las medidas anunciadas por la Contraloría, que incluyen la prohibición de segundos empleos privados durante licencias y la revisión de viajes nacionales e internacionales, son pasos necesarios pero insuficientes si no van acompañados de reformas profundas.
Este caso obliga a mirar con más atención cómo se gestionan los recursos públicos y cómo se protege la salud laboral sin sacrificar la confianza ciudadana. La tensión entre la defensa de derechos laborales y la exigencia de responsabilidad pública se juega en este escenario, donde la tragedia es colectiva: la pérdida de legitimidad de las instituciones.
En conclusión
La ampliación de la investigación de licencias médicas a funcionarios de Capredena y Dipreca ha destapado un problema sistémico que atraviesa la ética, la política y la gestión pública. Las voces encontradas y las acciones en curso marcan un punto de inflexión para el Estado chileno, que deberá enfrentar no solo la sanción de conductas individuales, sino también la reconstrucción de la confianza en sus instituciones.
Las verdades que emergen son claras: la fiscalización debe ser permanente y rigurosa, la transparencia una exigencia ineludible, y la responsabilidad, un compromiso que trasciende colores políticos y jerarquías. Solo así podrá evitarse que la tragedia de unos pocos se convierta en la desconfianza de todos.
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Fuentes: Comisión de Salud del Senado (2025), declaraciones de Contralora Dorothy Pérez, declaraciones parlamentarias de Manuel José Ossandón y José Miguel Castro, informes internos de Contraloría General de la República.