Talibanes endurecen prohibiciones sociales en Afganistán: de la voz femenina al ajedrez

Afganistán bajo el régimen talibán ha experimentado una escalada sistemática en la imposición de normas restrictivas que afectan la vida cotidiana, especialmente de mujeres y niñas. Desde agosto de 2021, cuando los talibanes retomaron el control, se han instaurado una serie de medidas que no solo limitan derechos fundamentales sino que además buscan moldear la sociedad según una interpretación estricta y conservadora de la sharía islámica.

El primer gran hito en esta escalada fue la entrada en vigor en agosto de 2024 de la llamada "ley del silencio", que prohíbe el sonido de la voz femenina en espacios públicos. Esta norma considera la voz de la mujer como "awrah" —una parte íntima que debe ser protegida— y restringe su emisión salvo en casos de necesidad. La ley, que consta de 35 artículos, también impide a las mujeres participar en actividades como cantar, recitar o hablar frente a micrófonos, y obliga a que estén siempre acompañadas por un tutor masculino al usar transporte público.

Simultáneamente, los hombres enfrentan prohibiciones en su vestimenta y apariencia, como la prohibición de usar corbata o afeitarse la barba por debajo de la longitud de un puño, aspectos que buscan imponer una identidad masculina acorde a la interpretación talibán de la ley islámica.

Pero la represión no se limita al ámbito sonoro o vestuario. En mayo de 2025, el ajedrez fue suspendido indefinidamente en Afganistán. El Comité Olímpico Nacional informó que la prohibición se basa en "preocupaciones religiosas" y en una ley que prohíbe el juego, considerada un vicio por el Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio. Esta medida elimina una actividad cultural y deportiva tradicional, evidenciando la creciente influencia de interpretaciones conservadoras que restringen incluso los ejercicios mentales y recreativos.

En el plano urbano, los talibanes también han impuesto restricciones arquitectónicas que afectan la privacidad y la convivencia. Desde finales de 2024, se prohíbe que edificios residenciales tengan ventanas con vista a casas donde vivan mujeres, con el fin declarado de "salvaguardar los principios islámicos y los derechos de la sharía". Esta medida, que afecta a nuevas construcciones, ha generado opiniones divididas: algunos residentes la apoyan como una forma de proteger la privacidad, mientras que otros la consideran una distracción frente a problemas urgentes como la pobreza y la inseguridad alimentaria.

Estas políticas han sido objeto de condena internacional. Expertos de la ONU han denunciado ejecuciones públicas y castigos corporales, y países como Chile han llevado la crisis de derechos humanos en Afganistán a la Corte Penal Internacional, especialmente por el deterioro de las condiciones de mujeres y niñas.

Las voces dentro de Afganistán también reflejan esta tensión. Por un lado, funcionarios talibanes defienden estas medidas como necesarias para "ordenar el bien y prohibir el mal", y para mantener la paz y la fraternidad según su visión religiosa. Por otro, activistas y ciudadanos critican la regresión de derechos y la imposición de normas que afectan la dignidad y la libertad individual.

"La ausencia absoluta de medidas concretas para abordar la catástrofe de los Derechos Humanos en Afganistán es una vergüenza para el mundo entero", afirmó Samira Hamidi, responsable regional de Amnistía Internacional para el sur de Asia.

En este escenario, Afganistán se enfrenta a una profunda crisis moral y social, donde la rigidez ideológica y la represión institucionalizada marcan el pulso de una sociedad que ve mermados sus espacios de libertad y expresión. La comunidad internacional observa con creciente preocupación, mientras en Kabul y otras provincias, las prohibiciones se multiplican y la vida cotidiana se ajusta a un modelo de integrismo extremo.

Conclusión: La evolución de las medidas talibanes en Afganistán muestra un patrón de endurecimiento progresivo que no solo limita derechos básicos, sino que también redefine las prácticas culturales y sociales bajo una interpretación estricta de la sharía. La prohibición del sonido de la voz femenina, la suspensión del ajedrez y las restricciones arquitectónicas son manifestaciones de un proyecto político-religioso que busca controlar todos los aspectos de la vida. Estas acciones han provocado rechazo internacional y un aislamiento creciente, mientras dentro del país la población, especialmente las mujeres, sufre las consecuencias de una normalización de la represión y exclusión. La historia reciente demuestra que estas políticas no solo afectan a Afganistán, sino que también desafían las normas internacionales de derechos humanos y plantean interrogantes sobre el futuro de la estabilidad y la justicia en la región.