
El pasado 4 de mayo de 2025, un interno del Complejo Penitenciario de Puerto Montt protagonizó un intento de fuga que, aunque breve, puso en evidencia tensiones latentes en el sistema penitenciario del sur de Chile. El reo logró escabullirse momentáneamente de su módulo, hecho que fue capturado por las cámaras de seguridad del penal. La rápida reacción de los gendarmes evitó que la situación escalara, y el interno fue retenido sin presentar lesiones.
Desde la autoridad regional, el seremi de Justicia de Los Lagos, Cristóbal Fuenzalida, destacó que 'se activaron todos los protocolos de actuación ante este tipo de casos, y la respuesta institucional fue oportuna, resolviendo la situación con prontitud'. Sin embargo, también anunció que 'se activarán las medidas que resulten pertinentes para evitar que este tipo de casos vuelvan a ocurrir en la región'.
Este episodio ha abierto un debate que trasciende lo inmediato. Por un lado, sectores que respaldan la gestión de Gendarmería subrayan la eficacia de los protocolos y la profesionalidad de los funcionarios. Desde esta óptica, el sistema cumplió su función y evitó una crisis mayor.
En contraposición, voces críticas, tanto desde organizaciones de derechos humanos como desde académicos especializados en políticas penitenciarias, advierten que 'la fuga, aunque frustrada, revela vulnerabilidades estructurales profundas en la infraestructura y supervisión del penal'. Señalan que la sobrepoblación, la falta de recursos y la insuficiente capacitación del personal son factores que siguen poniendo en riesgo la seguridad y la rehabilitación.
Además, en la comunidad local de Puerto Montt, la noticia generó preocupación y cuestionamientos sobre la seguridad ciudadana. Algunos vecinos consultados expresaron temor por posibles nuevas fugas, mientras que otros pidieron un enfoque más integral que incluya prevención y reinserción social.
Desde un análisis más amplio, este incidente se inscribe en un contexto nacional donde el sistema penitenciario chileno enfrenta desafíos históricos: hacinamiento, déficit en infraestructura y tensiones entre seguridad y derechos humanos. La instrucción de un sumario administrativo por parte de Gendarmería busca esclarecer las circunstancias de esta fuga frustrada, pero también pone sobre la mesa la necesidad de reformas profundas.
En definitiva, este hecho confirma que la seguridad penitenciaria no es solo una cuestión de reacción inmediata, sino un reflejo de políticas públicas, recursos y valores sociales. La tensión entre garantizar el orden y respetar la dignidad humana sigue siendo el gran desafío que enfrenta Chile en sus cárceles.
El episodio en Puerto Montt es un recordatorio palpable de que el sistema está en el ojo del huracán: un sistema que puede fallar, que puede responder, pero que necesita un cambio estructural para evitar que tragedias mayores se repitan.