La disputa por la planta desaladora en Coquimbo: inversión millonaria y promesas de seguridad hídrica en juego

El pulso por el agua en Coquimbo ha entrado en una nueva etapa tras la recepción de ofertas técnicas y económicas para la construcción y operación de la planta desaladora en la región. El 14 de octubre de 2025 se recibieron propuestas de Sacyr Aguas Chile y del Consorcio PDAM Mamanchay, marcando un hito en un proceso licitatorio que promete definir el futuro hídrico de más de 400 mil habitantes.

Este proyecto, con una inversión estimada en US$ 318 millones y un plazo de concesión de 21 años, representa una apuesta estratégica para enfrentar la histórica crisis de escasez de agua que afecta a Coquimbo. La planta, que se ubicará en la Ensenada de Panul, contempla una capacidad total de 1.200 litros por segundo, con una operación inicial de 800 litros por segundo, destinada tanto al consumo humano como a usos multipropósito.

Jessica López, ministra de Obras Públicas, afirmó: "Este es un proyecto muy anhelado y es un compromiso de nuestro gobierno con los habitantes de la Región de Coquimbo. Estamos dando un gran paso para seguir impulsando la primera desaladora que se ejecuta a través del sistema de concesiones, que va a contribuir a la reactivación económica de la zona y la seguridad hídrica".

Sin embargo, la disputa no se limita a lo técnico o financiero. Desde distintos sectores surgen voces que reflejan la complejidad de la decisión.

Perspectivas políticas y sociales

Desde la centroizquierda, se destaca la urgencia de avanzar en infraestructura hídrica para mitigar los efectos del cambio climático y la sequía prolongada. Para el Partido Socialista y el Partido por la Democracia, la desaladora es una herramienta indispensable, aunque insisten en la necesidad de garantizar que la operación respete estándares ambientales rigurosos y priorice el acceso equitativo al recurso.

Por otro lado, sectores de derecha han puesto énfasis en la eficiencia económica y la capacidad de ejecución. Para Renovación Nacional y la UDI, la licitación refleja un avance en la modernización del Estado y la colaboración público-privada, destacando la rapidez con que se desarrollaron las bases del concurso, en poco más de un año.

En el plano local, organizaciones ciudadanas y ambientalistas expresan inquietudes sobre el impacto ambiental y social. Para comunidades de la zona, la planta representa una esperanza, pero también un desafío: “Queremos agua, sí, pero no a cualquier costo. La protección del ecosistema marino y la transparencia en la gestión deben ser prioritarias”, señala María González, vocera de la Asamblea Ciudadana de Coquimbo.

Impacto regional y económico

El proyecto no solo garantizará agua potable, sino que también se proyecta como motor de reactivación económica. Durante la etapa de construcción, se estima la generación de alrededor de mil empleos promedio mensual, un dato que ha sido valorado por autoridades regionales y gremios productivos.

Claudio Soto, director general (s) de Concesiones, destacó: "Estamos muy satisfechos por el interés presentado por dos oferentes que harán factible materializar un proyecto estratégico para la región".

Verificación y contexto histórico

Este proyecto surge como respuesta directa a la crisis hídrica que afecta a la zona desde hace más de una década, agravada por la megasequía que afecta a Chile desde 2010. El compromiso presidencial anunciado en enero de 2024 formalizó la apuesta por la desalación como solución complementaria a otras medidas de gestión del agua.

La licitación ha sido rigurosamente supervisada por organismos técnicos y ambientales, aunque aún quedan pendientes las evaluaciones finales que determinarán el inicio de la construcción, condicionada a la obtención del Estudio de Evaluación Ambiental.

Conclusiones y desafíos futuros

La disputa entre Sacyr Aguas Chile y el Consorcio PDAM Mamanchay es, en esencia, una batalla por el control de un recurso vital y un símbolo de la adaptación regional al cambio climático. Más allá de la adjudicación, el desafío real será el equilibrio entre desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y justicia social.

El proyecto es una promesa de alivio para la Región de Coquimbo, pero también un recordatorio de que la crisis hídrica no se resuelve solo con infraestructura. La transparencia en la gestión, la participación ciudadana y el respeto por el entorno serán las verdaderas pruebas que definirán si esta obra se convierte en un modelo o en un nuevo foco de conflicto.

En definitiva, la planta desaladora se erige como un escenario donde convergen expectativas, tensiones y esperanzas, con el agua como protagonista indiscutida en la trama de un Chile que busca asegurar su futuro en medio de la escasez.