
El 17 de enero de 2025, un episodio brutal sacudió a La Serena: una persona fue secuestrada y mantenida cautiva durante horas en una construcción abandonada del sector La Antena, para luego ser abandonada con lesiones que terminaron causándole la muerte el 23 de enero. Este caso, que mantuvo en vilo a la comunidad local y a los tribunales, concluyó con la prisión preventiva de dos sospechosos, pero dejó abiertas más preguntas que respuestas.
Según la Fiscalía de Focos de La Serena, la víctima fue interceptada por dos hombres que la obligaron a subir a un vehículo y luego la retuvieron en un inmueble abandonado. Durante ese cautiverio, sufrió agresiones físicas graves. “La víctima presentaba múltiples lesiones en su cuerpo, lo que evidenciaba una golpiza importante”, señaló el fiscal Freddy Salinas en la etapa inicial de la investigación.
La Brigada de Homicidios de la PDI llevó adelante un trabajo meticuloso, que incluyó análisis de ADN en el sitio y en el vehículo, además de la recopilación de testimonios de testigos que ubicaron a los imputados cerca del lugar de los hechos.
Desde el sector judicial, la prisión preventiva de los sospechosos se interpretó como un avance necesario para garantizar la investigación y evitar la impunidad. Sin embargo, voces desde la sociedad civil y expertos en seguridad regional han señalado que este caso desnuda problemas estructurales en la prevención del delito en zonas periféricas y en la capacidad de respuesta estatal.
Algunos analistas enfatizan que “la violencia extrema contra víctimas vulnerables refleja un deterioro social que no se resuelve solo con medidas punitivas”. En contraste, sectores conservadores insisten en endurecer las políticas de seguridad y fortalecer la presencia policial para evitar que tragedias como esta se repitan.
A casi un año de los hechos, la familia de la víctima continúa buscando justicia y reconocimiento, mientras la comunidad local debate sobre la sensación de inseguridad que persiste en La Serena y otras ciudades del norte chico. El caso ha incentivado además un llamado a mejorar los protocolos de atención a víctimas de violencia extrema y a fortalecer la coordinación entre policías y Fiscalía.
Este episodio pone en evidencia que, más allá de la acción judicial inmediata, el secuestro y homicidio ocurrido en La Serena es un síntoma de problemas sociales y de seguridad que requieren abordajes integrales. La coexistencia de perspectivas divergentes —entre quienes priorizan la justicia penal y quienes demandan políticas sociales— revela la complejidad de enfrentar la violencia en contextos regionales.
“La tragedia no solo está en el hecho puntual, sino en la respuesta que damos como sociedad para que no se repita”, concluye un especialista en criminología consultado para este análisis.
El desafío sigue abierto: ¿cómo equilibrar justicia, prevención y reparación en un territorio que reclama atención y cambios profundos?