Crisis laboral y salario mínimo: un choque inevitable que redefine el empleo en Chile

El mercado laboral chileno enfrenta un momento crítico que, lejos de resolverse en semanas, se ha ido configurando como una tragedia social y económica con múltiples actores en pugna. A marzo de 2025, la tasa de desempleo alcanzó un 8,7%, la más alta desde mediados de 2024, mientras que la informalidad laboral se mantiene en casi 2,5 millones de personas, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Este escenario ha desatado un debate intenso y fragmentado sobre el rol del salario mínimo en el país. Por un lado, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha impulsado un aumento del salario mínimo que superaría el millón de pesos, con el argumento de mejorar la calidad de vida y reducir la precariedad. Por otro, sectores empresariales y expertos alertan que esta medida podría profundizar la crisis del empleo formal.

María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, expresó en mayo de 2025 que “aumentar el salario mínimo de forma significativa sería irresponsable y podría reducir el empleo formal hasta en un 3,4%, además de disminuir los salarios en un 5% si no se gestionan adecuadamente las reformas”. Esta perspectiva enfatiza el efecto acumulativo de regulaciones laborales y reformas previsionales que, aunque bien intencionadas, incrementan los costos de contratación y desincentivan la formalidad.

Desde la mirada política, el debate se ha polarizado. Los partidos de izquierda y movimientos sociales insisten en que el salario mínimo debe ser un piso digno que permita a las familias cubrir sus necesidades básicas, criticando lo que llaman un modelo económico que prioriza la rentabilidad por sobre el bienestar. En contraste, sectores de centroderecha y empresarios defienden una agenda que priorice la generación de empleo formal y la competitividad, advirtiendo que un aumento abrupto de costos laborales puede expulsar a los trabajadores del mercado formal hacia la informalidad.

Regionalmente, las consecuencias son heterogéneas. En zonas urbanas, la presión por salarios más altos se siente con mayor fuerza, mientras que en regiones con economías más dependientes de la minería y la agricultura, la informalidad se mantiene como un fenómeno estructural difícil de erradicar. Organizaciones sociales en regiones del norte y sur han denunciado que las reformas no consideran adecuadamente las realidades locales, exacerbando desigualdades históricas.

Desde la perspectiva ciudadana, trabajadores y trabajadoras expresan una mezcla de esperanza y frustración. Muchos reconocen la necesidad de un salario digno, pero temen perder sus empleos o caer en la precariedad informal. Esta disonancia refleja la complejidad de un problema que no admite soluciones simples.

En términos históricos, Chile ha transitado en las últimas décadas por un modelo laboral que privilegia la flexibilidad y la apertura económica, pero que ha dejado de lado la seguridad y estabilidad de los trabajadores. La crisis actual es una manifestación de ese desequilibrio, y la discusión sobre el salario mínimo es solo la punta del iceberg.

Con más de seis meses desde el inicio del debate público, las cifras muestran que el empleo formal no ha logrado recuperarse y la informalidad persiste como un desafío mayor. La agenda que se defina en los próximos meses será crucial para evitar un deterioro mayor del mercado laboral y para sentar las bases de un trabajo más justo y sostenible.

Las verdades que emergen tras este enfrentamiento son claras: el aumento del salario mínimo es una demanda legítima, pero su implementación debe considerar una estrategia integral que equilibre costos y beneficios, incluyendo incentivos para la formalización y apoyo técnico a las pequeñas y medianas empresas.

El desafío para Chile es, entonces, construir un consenso que reconozca la urgencia social sin sacrificar la viabilidad económica, un equilibrio que hasta ahora ha resultado esquivo y que seguirá siendo motivo de debate en el futuro inmediato.