El 2 de mayo de 2025, un terremoto de 7.8 grados Richter estremeció el extremo sur de Chile, con epicentro en Puerto Williams, región de Magallanes, activando una alerta de tsunami que movilizó a las autoridades y puso a prueba la resiliencia de comunidades históricamente aisladas. A más de seis meses, el balance y las discusiones sobre las consecuencias de este desastre natural revelan tanto las fortalezas como las falencias del Estado y la sociedad chilena frente a eventos de esta magnitud.
El terremoto ocurrió a las 08:44 horas, hora local, generando un movimiento telúrico que fue sentido en gran parte de la región austral y que, por su intensidad, provocó daños estructurales en viviendas, infraestructura básica y redes de comunicación, especialmente en Puerto Williams y otras localidades insulares.
Desde el punto de vista geológico, expertos consultados por el Centro Sismológico Nacional explican que esta zona se encuentra en una compleja zona de subducción, donde la placa de Nazca se hunde bajo la Sudamericana, lo que históricamente ha generado sismos significativos, aunque no frecuentes.
La Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) emitió una alerta de tsunami que, si bien fue oportuna, generó críticas desde diversos sectores. Por un lado, autoridades regionales valoraron la rapidez de la respuesta, destacando la coordinación con la Armada y la evacuación preventiva en zonas costeras.
Sin embargo, desde comunidades locales y organizaciones sociales surgieron cuestionamientos. “La información llegó tarde y no se consideraron las particularidades culturales y geográficas de nuestros pueblos originarios,” señaló un representante de la comunidad Yagán, afectada directamente por la emergencia.
En el plano político, el debate se dividió. Algunos sectores de oposición denunciaron falta de inversión en infraestructura antisísmica y planes de contingencia, mientras que el gobierno defendió las políticas implementadas en los últimos años, resaltando los avances en sistemas de alerta temprana y capacitación ciudadana.
El terremoto dejó secuelas visibles en el tejido social y económico de Magallanes. La interrupción de actividades productivas, especialmente en la pesca artesanal y el turismo, sumado a daños en viviendas, ha generado una crisis que se extiende más allá del evento inicial.
Organizaciones gremiales han solicitado al gobierno un plan de reconstrucción integral que no solo repare daños, sino que también fortalezca la resiliencia frente a futuros desastres. Por su parte, expertos en desarrollo regional advierten que la recuperación debe considerar la sostenibilidad ambiental y la inclusión de las comunidades indígenas, para evitar repetir errores del pasado.
La diversidad de perspectivas refleja la complejidad del desafío. Mientras algunos sectores enfatizan la necesidad de mayor centralización y recursos estatales, otros abogan por un enfoque descentralizado que potencie la autonomía local.
“Este terremoto nos recordó que el sur profundo no puede seguir siendo una periferia olvidada,” afirmó una académica de la Universidad de Magallanes, subrayando la urgencia de repensar políticas públicas.
A seis meses del sismo, queda claro que el terremoto de Magallanes no solo fue un fenómeno natural, sino un espejo que refleja las desigualdades y desafíos estructurales del país. La gestión de la emergencia mostró avances, pero también evidenció brechas en comunicación, infraestructura y participación ciudadana.
La reconstrucción será una prueba de la capacidad de Chile para integrar sus regiones extremas en un proyecto común que valore la diversidad cultural y geográfica, y que prepare al país para un futuro donde los desastres naturales serán, inevitablemente, parte de la realidad.
Fuentes consultadas incluyen reportes oficiales de ONEMI, análisis del Centro Sismológico Nacional, testimonios de comunidades indígenas y voces de expertos en desarrollo regional y gestión de riesgos.
2025-11-07
2025-10-21