
El 30 de abril de 2025, dos mujeres, de 22 y 67 años, murieron atropelladas por un bus del sistema RED en la intersección de San Antonio con Monjitas, en el corazón de Santiago. La tragedia conmocionó a la ciudadanía y abrió un debate profundo sobre la seguridad vial, la responsabilidad de los conductores y la eficacia de la justicia en casos similares.
La conductora del bus quedó detenida por cuasidelito de atropello con resultado de muerte, mientras la investigación de la SIAT buscaba determinar si las víctimas cruzaron con el semáforo en verde o en rojo. "El cruce está regulado por semáforo y estamos recabando testimonios y grabaciones para esclarecer las circunstancias exactas", explicó el teniente coronel Bernardo Leiva de Carabineros.
Desde entonces, el caso ha revelado distintas perspectivas que se enfrentan en un escenario tan complejo como doloroso.
Las autoridades sostienen que la investigación avanza con rigor, pero reconocen que la lentitud en la resolución judicial genera frustración en la opinión pública. Para el Ministerio Público, este caso ejemplifica los desafíos que enfrenta el sistema para procesar rápidamente accidentes con víctimas fatales, especialmente cuando involucran transporte público.
Los familiares de las víctimas y organizaciones de peatones han denunciado una falta de respuestas claras y una sensación de impunidad. "Queremos justicia, pero también que se tomen medidas para evitar que esto vuelva a pasar", declaró un familiar en una vigilia realizada semanas después del accidente.
En el ámbito político, la tragedia ha sido utilizada para cuestionar la gestión del sistema RED y las políticas de movilidad urbana. Algunos sectores de oposición han acusado al gobierno de insuficiente fiscalización y falta de inversión en seguridad vial, mientras que desde el oficialismo se ha enfatizado en la complejidad del transporte público y el compromiso con mejoras progresivas.
Este accidente no es un hecho aislado. En los últimos años, Santiago ha visto un aumento en los atropellos fatales, en parte por la congestión vehicular y la precariedad de infraestructura peatonal en zonas centrales. Estudios recientes indican que la combinación de semáforos mal sincronizados, falta de señalización clara y conductores sobrecargados contribuyen a un escenario de alto riesgo.
A más de seis meses del accidente, es posible afirmar que este evento evidenció la fragilidad del sistema de seguridad vial en Santiago, la necesidad urgente de una justicia más expedita y transparente, y la importancia de un diálogo abierto entre autoridades, ciudadanía y expertos en movilidad urbana.
La tragedia de San Antonio con Monjitas obliga a mirar más allá de la inmediatez del suceso para entender cómo las fallas estructurales y las decisiones políticas impactan directamente en la vida de las personas.
Mientras la investigación judicial sigue su curso, la sociedad chilena enfrenta la incómoda pregunta de cuánto se está haciendo para proteger a los peatones y qué precio estamos dispuestos a pagar por un sistema que aún no logra garantizar seguridad plena.
Fuentes: Cooperativa.cl, declaraciones oficiales de Carabineros y Ministerio Público, entrevistas a familiares y análisis de expertos en movilidad urbana.