
El pasado 11 de octubre de 2025, el gobierno alemán liderado por el canciller democristiano Friedrich Merz selló un acuerdo que ha modificado de forma sustancial el sistema de renta ciudadana, conocido como Bürgergeld. Esta reforma, que entró en vigor semanas después, endurece las condiciones para recibir este subsidio, imponiendo sanciones severas a quienes rechacen buscar trabajo o formación laboral. Quien falte a tres citas consecutivas en la Oficina de Empleo sin justificación perderá la totalidad del subsidio, y tras una cuarta ausencia también la ayuda para la vivienda.
Desde su llegada al poder en mayo, Merz ha implementado una agenda conservadora que busca ajustar el Estado de bienestar alemán a las nuevas realidades económicas y sociales. En este contexto, la renta ciudadana, bandera progresista del anterior gobierno socialdemócrata de Olaf Scholz, fue objeto de un cambio radical. El subsidio fue rebautizado como Grundsicherung (seguro básico), simbolizando un giro en la concepción del apoyo social.
El endurecimiento fue aprobado con el respaldo de la coalición democristiana-socialdemócrata, aunque no sin tensiones. La ministra de Trabajo y líder socialdemócrata Bärbel Bas defendió la reforma como una medida necesaria para evitar la caricatura del subsidio como una "ayuda para holgazanes" y para responder a críticas sobre su sostenibilidad. "Quien no coopere, lo tendrá difícil", advirtió Bas.
Por otro lado, sectores conservadores celebraron la medida como un paso decisivo hacia un Estado más austero y responsable. El presidente de Baviera y líder de la CSU, Markus Söder, afirmó que "la renta ciudadana ya es historia", marcando un cierre simbólico a una era.
Sin embargo, la reforma también ha generado críticas desde la derecha y la izquierda. Mientras algunos conservadores consideran que los ajustes no son lo suficientemente profundos, la izquierda y organizaciones sociales advierten que la medida puede aumentar la precariedad y la exclusión social.
Los expertos y la opinión pública alemana han entrado en un debate intenso sobre el futuro del sistema de protección social. El Instituto Económico WSI, ligado a los sindicatos, ha señalado que la renta ciudadana no desincentiva el trabajo, mostrando que incluso quienes reciben subsidios tienen ingresos inferiores a quienes trabajan con salario mínimo, incluyendo ayudas complementarias.
Sin embargo, el endurecimiento de las sanciones marca un cambio de paradigma: el Estado alemán envía un mensaje claro de que la cooperación con las políticas de empleo es una condición para recibir apoyo. Esto se inscribe en una estrategia más amplia de Merz para demostrar que mantiene un perfil liberal-conservador, a pesar del elevado endeudamiento público que su gobierno ha asumido para financiar inversiones en defensa e infraestructura.
El sistema de protección social alemán, que representa cerca de un tercio del presupuesto público, tiene raíces profundas en la historia del país. Fue instaurado por Otto von Bismarck en el siglo XIX para contrarrestar movimientos obreros y ha sido una pieza clave en la identidad nacional y el "milagro económico" posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Las reformas en este ámbito son delicadas y políticamente riesgosas. El último recorte sustancial fue hace dos décadas y costó la carrera política al canciller Gerhard Schröder. Merz, consciente de este precedente, ha optado por ajustes que, aunque controvertidos, buscan equilibrar la sostenibilidad fiscal y la respuesta a las críticas sobre el sistema.
Además, la reforma tiene un componente político estratégico: intenta desactivar la narrativa de la extrema derecha, especialmente de Alternativa para Alemania (AfD), que ha utilizado la renta ciudadana para atacar a inmigrantes y refugiados, señalando que casi la mitad de los beneficiarios son extranjeros. Merz ha declarado que el éxito de su gestión se medirá en cómo logra frenar el avance de la extrema derecha.
La reforma de la renta ciudadana alemana bajo Merz representa un momento clave en la evolución del Estado de bienestar europeo. Se constata un giro hacia políticas más restrictivas y condicionadas, en un contexto de crisis económica, envejecimiento poblacional y tensiones políticas internas. Aunque la medida busca corregir disfunciones y responder a demandas sociales y políticas, también abre interrogantes sobre el impacto en la cohesión social y la protección de los sectores más vulnerables.
La pluralidad de voces y la profundidad del debate reflejan la complejidad de equilibrar solidaridad, responsabilidad individual y sostenibilidad fiscal en un sistema histórico y emblemático. Alemania se encuentra, así, en un cruce de caminos que podría definir no solo su modelo social, sino también su rol en la Europa del futuro.