Trump restablece prueba de inglés para camioneros en EE.UU.: ¿seguridad vial o barrera laboral?

Un cambio que sacudió la carretera estadounidense. El 30 de abril de 2025, la administración Trump anunció la revocación de la normativa aprobada en 2016 bajo Barack Obama, que permitía a los conductores de camiones operar sin la obligación de aprobar pruebas escritas de inglés. La medida, que entró en vigor semanas después, exige a todos los camioneros en EE.UU. demostrar dominio del inglés para mantener su licencia profesional.

Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt defendió la medida como un imperativo para la seguridad vial: 'Hay muchos problemas de comunicación entre los camioneros y los funcionarios federales y locales, lo que representa un riesgo para la seguridad pública.' La administración sostiene que comprender señales de tránsito, instrucciones policiales y completar registros en inglés es esencial para evitar accidentes y mejorar la eficiencia.

Sin embargo, esta decisión no ha estado exenta de polémica. Organizaciones sindicales y defensores de derechos laborales han denunciado que la medida actúa como una barrera para la comunidad migrante, que representa una parte significativa del sector del transporte pesado. 'Esta política excluye a miles de trabajadores competentes, poniendo en riesgo sus empleos y profundizando la desigualdad racial y social,' afirmó María Gómez, vocera de la Federación de Trabajadores Migrantes.

Desde una perspectiva política, el debate refleja las tensiones entre una agenda de seguridad nacional y las demandas por inclusión social. Mientras sectores conservadores celebran la medida como un avance para la regulación y el control, grupos progresistas advierten que podría agravar la escasez de conductores y afectar la cadena logística vital para la economía estadounidense.

En el plano regional, estados con alta concentración de camioneros migrantes, como Texas y California, han reportado ya un aumento en las solicitudes de exenciones y apelaciones legales para flexibilizar la norma. Además, empresas del rubro han expresado preocupación por el impacto en la contratación y la operatividad.

A casi siete meses de su implementación, los datos preliminares muestran una disminución del 8% en la cantidad de licencias otorgadas a nuevos conductores, y un incremento en los costos de capacitación para cumplir con el requisito lingüístico. Esto plantea preguntas sobre la efectividad real de la medida en términos de seguridad vial frente a sus consecuencias económicas y sociales.

En síntesis, esta decisión presidencial ha puesto en escena un choque entre dos visiones: la que prioriza la seguridad y el control estatal, y la que defiende la diversidad y la equidad laboral. La historia aún está en desarrollo, pero lo cierto es que la carretera estadounidense se ha convertido en un escenario donde se disputan no solo el dominio del idioma, sino también las condiciones para pertenecer y prosperar.

Fuentes consultadas: La Tercera (30-04-2025), declaraciones oficiales de la Casa Blanca, Federación de Trabajadores Migrantes, reportes estatales de Texas y California.