Camila Polizzi y el caso Lencería: un entramado de fraudes tributarios que expone grietas políticas y judiciales

Un escándalo que no termina de cerrarse. Desde mediados de 2023, Camila Polizzi, excandidata a alcaldesa de Concepción y figura pública en ascenso, enfrenta un complejo proceso judicial por delitos relacionados con el llamado "caso Lencería". Este caso, que inicialmente saltó a la luz por irregularidades en convenios millonarios entre el Gobierno Regional del Biobío y la Fundación En Ti, se ha ido desplegando en una red de acusaciones que incluyen estafa, falsificación de documentos, lavado de activos y delitos tributarios, tales como la omisión fraudulenta de declaración de renta anual y la emisión de facturas y boletas falsas.

Origen y evolución del caso

El punto de partida fue la investigación iniciada por la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional del Biobío, que detectó gastos injustificados en proyectos adjudicados a la Fundación En Ti, entidad vinculada a Polizzi y su círculo cercano. Boletas por prendas de ropa interior de marcas prestigiosas, cenas en restaurantes y servicios de delivery, presentadas como gastos del proyecto, detonaron la polémica y el apodo "caso Lencería".

Desde entonces, la justicia ha formalizado a Polizzi y a otros implicados, incluyendo a su expareja Sebastián Polanco y a Matías Godoy, representante de la OTEC Frumisal, adjudicataria de parte de los proyectos. En agosto de 2025, se sumó la formalización por omisión fraudulenta de declaración de impuestos, ampliando el espectro de delitos investigados.

Medidas cautelares y judicialización prolongada

Desde noviembre de 2023, Polizzi permanece bajo arresto domiciliario total, medida que ha sido ratificada en múltiples ocasiones pese a solicitudes del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para endurecerla, incluyendo la prisión preventiva. En julio de 2025, el tribunal rechazó cambiar la medida, argumentando que las actuales cautelares eran suficientes para asegurar la investigación.

Paralelamente, el CDE ha solicitado y obtenido la retención de fondos obtenidos por Polizzi en actividades paralelas, como presentaciones en clubes nocturnos y la venta de contenidos digitales, por un monto que supera los $250 millones, con la intención de asegurar el resarcimiento de los dineros públicos presuntamente defraudados.

Perspectivas políticas y sociales

El caso ha generado un caldo de cultivo para debates que van más allá de la esfera judicial. Desde sectores conservadores, se enfatiza la necesidad de ejemplaridad y la rigurosidad en el castigo a quienes defraudan al Estado, mientras que voces críticas advierten sobre la politización del proceso y el riesgo de usarlo como herramienta para deslegitimar ciertos actores políticos emergentes.

"Este caso desnuda no solo una trama de delitos, sino también las fallas estructurales en la supervisión y gestión de recursos públicos", señala un académico en derecho penal consultado. Por otro lado, organizaciones sociales han expresado preocupación por la lentitud del sistema judicial y la falta de transparencia en la rendición de cuentas públicas.

Constataciones finales

A casi dos años desde la primera formalización, el caso Lencería sigue abierto, con un proceso judicial que se extiende y una figura central que mantiene su arresto domiciliario mientras enfrenta múltiples cargos. La complejidad de las imputaciones y la multiplicidad de actores involucrados reflejan un entramado donde lo político, lo judicial y lo social se entrecruzan.

Este episodio evidencia cómo la corrupción y la mala gestión pública pueden erosionar la confianza ciudadana, al tiempo que pone a prueba la capacidad del sistema judicial para actuar con independencia y eficacia. La historia de Camila Polizzi y el caso Lencería no solo es un relato de delitos, sino también un espejo de las tensiones y desafíos que enfrenta Chile en su búsqueda por fortalecer la transparencia y la justicia.

Fuentes consultadas incluyen reportes de La Tercera, Cooperativa, Cambio21 y T13, así como análisis de expertos en derecho y gestión pública.