
Un gobierno a golpe de decreto: así se ha definido el inicio del segundo mandato de Donald Trump, tras sus primeros 100 días en el poder. Más de 130 órdenes ejecutivas firmadas, un volumen inédito que supera con creces el récord anterior establecido por Franklin Delano Roosevelt en 1933. Pero no es solo la cantidad lo que preocupa: la naturaleza y el alcance de estas medidas han generado un debate profundo sobre el rumbo autoritario que podría estar tomando la democracia estadounidense.
En el centro del huracán están dos grandes líneas de acción: la reducción y desmantelamiento de agencias estatales, encabezado por el controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), bajo la dirección de Elon Musk; y la aplicación arbitraria de aranceles comerciales, amparados en declaraciones de emergencia nacional. Estas emergencias, habituales en tiempos de guerra, han sido invocadas para justificar medidas que afectan derechos fundamentales y políticas migratorias.
El gobierno ha argumentado, por ejemplo, la amenaza de la banda criminal transnacional Tren de Aragua para ejecutar deportaciones sumarias, lo que ha derivado en casos polémicos como la detención en prisiones de máxima seguridad en El Salvador de venezolanos acusados sin pruebas claras. Este uso expansivo del poder ejecutivo ha sido calificado por expertos y ONGs como un "asalto a los derechos humanos" y un "socavamiento del orden constitucional".
El sistema judicial ha actuado como un contrapeso parcial, bloqueando algunas órdenes ejecutivas relacionadas con el derecho de suelo, el veto a personas trans en las Fuerzas Armadas y la suspensión del derecho de asilo. Sin embargo, las mayorías republicanas en el Congreso no han mostrado voluntad para frenar al presidente, evidenciando una lealtad partidaria que supera la defensa institucional.
Académicos como Steven Greene y Steven Levitsky advierten que esta conjunción de factores abre la puerta a un régimen autoritario competitivo, similar a modelos observados en Rusia o Turquía, donde la democracia existe en apariencia pero está debilitada estructuralmente.
Desde el oficialismo, defensores de Trump argumentan que la rapidez y contundencia de las órdenes ejecutivas responden a una necesidad urgente de reformar un Estado ineficiente y proteger la soberanía nacional frente a amenazas externas. Para ellos, la judicialización excesiva y la resistencia del Congreso solo entorpecen la gobernabilidad.
Por otro lado, organizaciones de derechos humanos, académicos y sectores progresistas denuncian que estas acciones erosionan la confianza pública en las instituciones y normalizan la violencia política, ejemplificada en los perdones a los implicados en el asalto al Capitolio en 2021, un precedente que podría legitimar futuras acciones similares.
Los primeros 100 días del segundo mandato de Trump marcan un antes y un después en la historia política de Estados Unidos. La acumulación de órdenes ejecutivas, el debilitamiento de controles institucionales y la polarización social configuran un escenario donde la democracia liberal se encuentra en tensión crítica.
Aunque algunos expertos mantienen un optimismo cauteloso sobre la reversibilidad de este proceso, la evidencia apunta a que Estados Unidos está transitando hacia un modelo de autoritarismo competitivo, donde la apariencia democrática convive con prácticas de concentración y abuso del poder.
Este escenario invita a una reflexión profunda sobre la fragilidad de las democracias contemporáneas y la necesidad de fortalecer mecanismos que garanticen la pluralidad, la rendición de cuentas y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
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Fuentes: Cooperativa.cl, análisis de Steven Greene (NCSU), Steven Levitsky (Harvard), Bright Line Watch.
2025-11-12
2025-11-12