Controversia en Puente Alto por contrataciones vinculadas a conservador Sergio Yáber: ¿favoritismos o coincidencias?
En el centro de Puente Alto, un conservador de bienes raíces ha desatado una tormenta que va más allá de las simples contrataciones públicas. Sergio Yáber, suspendido de sus funciones y bajo investigación por lavado de dinero en el caso del consorcio bielorruso Belaz Movitec, contrató a familiares directos de jueces y políticos que, en su momento, votaron para que él asumiera el cargo. Esta red de vínculos ha expuesto tensiones profundas entre la justicia, la política y la administración pública local.
Un nombramiento cuestionado desde el origen
El proceso que llevó a Yáber a ser conservador de Puente Alto en 2018 ya mostraba fisuras. De entre 112 postulantes, él quedó noveno en la preselección, con 80,7 puntos, lejos de los primeros lugares, pero fue incluido en la terna que la Corte de Apelaciones de San Miguel envió al Ministerio de Justicia. Ocho ministros de esa corte, entre ellos Luis Sepúlveda y Carlos Farías, votaron por él. Finalmente, el entonces ministro Hernán Larraín firmó su nombramiento.
Dos meses después, la esposa de Sepúlveda ingresó a trabajar en el Conservador de Bienes Raíces (CBR) de Puente Alto; un año más tarde, lo hizo el hermano de Farías. Yáber ha defendido estas contrataciones argumentando la experiencia y recomendaciones profesionales de los contratados, mientras que los ministros implicados han negado cualquier irregularidad, destacando las capacidades de sus familiares.
La hija del senador Sergio Gahona: un nuevo eslabón en la red
Entre abril de 2022 y abril de 2023, Paulina Gahona, abogada y hija del senador UDI Sergio Gahona, trabajó en el CBR de Puente Alto bajo la administración de Yáber. Posteriormente, fue nombrada notaria interina en San Miguel por Luis Sepúlveda, quien también aparece vinculado en esta red. El senador Gahona ha declarado que la contratación fue "vía regular", negando influencia directa en el proceso y describiendo su rol como mero facilitador del contacto.
Esta contratación se suma a otras vinculaciones políticas: el diputado republicano Cristián Araya, a quien se le atribuye un presunto traspaso de dinero que él niega, y el senador Matías Walker, quien reconoce una amistad con Yáber y la compra de un pasaje aéreo para su hijo.
El entramado judicial y político en el ojo del huracán
La investigación en curso, conocida como la "trama bielorrusa", ha puesto bajo la lupa a varias figuras clave. La exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles, y abogados ligados al consorcio Belaz Movitec están imputados por presuntos pagos de coimas para fallos judiciales favorables. Yáber está siendo indagado por lavado de activos y tráfico de influencias, incluyendo la sospecha de pagos a parlamentarios.
El fiscal nacional Ángel Valencia ha señalado que, aunque el ministro de la Suprema Diego Simpertigue está involucrado en hechos bajo investigación, no se le considera investigado directamente aún. En paralelo, el exfiscal Manuel Guerra enfrenta querellas por presuntos delitos relacionados con cohecho y prevaricación en casos anteriores.
Perspectivas encontradas y desafíos para la institucionalidad
Desde la derecha, figuras como el senador Gahona defienden la legalidad de las contrataciones y minimizan la influencia política directa, mientras que sectores críticos denuncian una red clientelar que mina la confianza en la justicia y la administración pública.
La Corte de Apelaciones de San Miguel, a través de su fiscal judicial, ha tomado medidas como la suspensión de Yáber para asegurar la transparencia de la investigación, pero la sombra de la sospecha persiste.
Conclusiones a la vista
Este caso revela la compleja interacción entre nombramientos públicos, redes de influencia y posibles actos de corrupción en el sistema judicial y político chileno. El entramado de contrataciones familiares y vínculos personales con jueces y parlamentarios pone en entredicho los procesos de selección y la independencia institucional.
Las investigaciones en curso y las medidas judiciales serán determinantes para esclarecer responsabilidades y restaurar la confianza, mientras la ciudadanía observa atenta cómo se desenvuelve este drama que, más que un escándalo aislado, expone un desafío estructural para la transparencia y la justicia en Chile.
Fuentes consultadas incluyen reportajes de CIPER Chile, Cooperativa y La Tercera, además de declaraciones públicas de los involucrados y documentos oficiales de la Corte de Apelaciones de San Miguel.