Chile Vamos bloquea subsecretarios en el Congreso: la defensa de Matthei se convierte en un choque institucional

Un choque frontal entre el Ejecutivo y la coalición Chile Vamos ha marcado las últimas semanas en el Congreso, con la defensa cerrada de Evelyn Matthei —candidata presidencial de centroderecha— por parte de su bloque legislativo. El 23 de abril de 2025, diputados de Chile Vamos comenzaron a bloquear el ingreso de subsecretarios a las comisiones parlamentarias y a la sala, como reacción a los constantes emplazamientos que ministros del gobierno del Presidente Gabriel Boric dirigieron hacia Matthei.

Este episodio no es un hecho aislado, sino la culminación de semanas de tensión política, donde la disputa por la agenda penitenciaria ha sido el epicentro. Matthei puso sobre la mesa la necesidad de ampliar la infraestructura carcelaria, incluyendo la construcción de un nuevo penal para líderes de bandas del crimen organizado. El gobierno respondió con críticas públicas de ministros como Jaime Gajardo (Justicia) y Jéssica López (Obras Públicas), quienes reprocharon la falta de información y seriedad en las propuestas de la candidata.

La ofensiva de Chile Vamos se tradujo en una estrategia legislativa que busca sancionar al Ejecutivo por lo que consideran una "operación orquestada" para desgastar a Matthei. Henry Leal, jefe de bancada de la UDI, afirmó que "no permitiremos el ingreso de subsecretarios si no están acompañados de sus ministros, para que el gobierno entienda que debe respetar el principio de apoliticidad". En la misma línea, Francisco Undurraga (Evópoli) sostuvo que los ministros deben dedicarse a gobernar y no a hacer campaña política desde sus cargos.

Por su parte, el gobierno ha rechazado estas acusaciones. El jefe de gabinete Álvaro Elizalde (PS) calificó de "censura" la intención de impedir la participación de subsecretarios y defendió el derecho de los ministros a responder críticas y aclarar información, especialmente en un contexto electoral.

Este enfrentamiento no solo refleja una pugna política, sino que también pone en evidencia un debate más profundo sobre los límites del uso de cargos públicos en campañas electorales y la separación entre gobierno y contienda electoral. Desde el punto de vista regional, parlamentarios de distintas zonas han manifestado preocupación por el impacto que esta fricción pueda tener en la gobernabilidad y en la percepción ciudadana sobre la institucionalidad.

En el plano ciudadano, las reacciones son diversas. Sectores críticos al gobierno ven esta ofensiva como una defensa legítima frente a un Ejecutivo que utiliza recursos públicos para influir en la elección. En contraste, simpatizantes del oficialismo advierten que la coalición opositora instrumentaliza el Congreso para bloquear el trabajo legislativo y desviar la atención de temas de fondo.

A semanas de las elecciones presidenciales, este episodio ha dejado en claro que la política chilena no solo se juega en las urnas, sino también en los pasillos del Congreso y en el uso estratégico de las instituciones.

Las conclusiones que se pueden extraer son claras:

- La disputa política ha escalado hacia una confrontación institucional que tensiona la separación de poderes y la neutralidad del Estado.

- La campaña electoral ha permeado la gestión pública, generando cuestionamientos sobre el uso adecuado de cargos y recursos.

- La sociedad se enfrenta a un escenario donde la polarización y la disputa por la narrativa política amenazan con eclipsar el debate sobre políticas públicas esenciales, como la seguridad y la justicia.

Este episodio será recordado como un momento en que la defensa de una candidatura presidencial desató un enfrentamiento que puso a prueba la resiliencia de las instituciones chilenas y la madurez del sistema democrático.