
Un fenómeno natural que expuso grietas profundas. Durante los meses de abril y agosto de 2025, Chile enfrentó una serie de lluvias intensas que dejaron a más de 55 mil clientes sin electricidad, con un impacto especialmente severo en la Región Metropolitana y el sur del país. El 25 de abril, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó que 200 mil hogares en el sur quedaron sin suministro, concentrándose en regiones como Biobío, Los Lagos y La Araucanía. Más tarde, el 21 de agosto, se registraron 32 mil usuarios afectados en la capital y sus alrededores, con comunas como Santiago, Pedro Aguirre Cerda y Cerro Navia entre las más golpeadas.
Las lluvias trajeron consigo no solo cortes eléctricos sino también daños colaterales: caída de árboles, voladuras de techos y complicaciones en la infraestructura urbana. Las autoridades meteorológicas emitieron alertas por marejadas y vientos, anticipando la gravedad del evento. Sin embargo, la magnitud del impacto evidenció, para muchos, un déficit estructural en la capacidad de respuesta y resiliencia del sistema eléctrico nacional.
Desde el espectro político, las opiniones se dividieron. Algunos sectores gubernamentales defendieron la gestión, subrayando la complejidad climática y la rapidez en la movilización de brigadas para la reposición del servicio. “Estos eventos extremos son cada vez más frecuentes y debemos adaptarnos con inversiones sostenibles”, afirmó una autoridad del Ministerio de Energía.
En contraste, partidos de oposición y organizaciones sociales criticaron la falta de planificación y la precariedad de las redes eléctricas, señalando que “la crisis no es solo climática, sino política y técnica”. Comunidades afectadas, especialmente en sectores populares de la RM, expresaron frustración por la demora en la reposición y la insuficiente comunicación oficial.
Mientras el sur sufría cortes masivos con más de 200 mil hogares afectados en abril, la Región Metropolitana enfrentaba una situación similar meses después, pero con características propias: alta densidad poblacional, zonas urbanas vulnerables y servicios críticos en riesgo. La diferencia en la respuesta y en la visibilidad mediática generó debates sobre la equidad territorial en la gestión de emergencias.
Tras meses de análisis y múltiples informes técnicos, queda claro que la crisis eléctrica de 2025 fue un llamado de atención sobre la necesidad urgente de modernizar la infraestructura, incorporar tecnologías resilientes y fortalecer la coordinación interinstitucional. Además, la experiencia dejó en evidencia la importancia de considerar las voces ciudadanas en el diseño de políticas públicas, especialmente de aquellos sectores más expuestos a la vulnerabilidad.
En definitiva, la tragedia eléctrica no solo expuso la furia de la naturaleza, sino también las tensiones sociales y políticas que atraviesan a Chile. La pregunta que queda es si el país aprenderá de esta lección o si la próxima tormenta revelará las mismas grietas, quizás con consecuencias aún más severas.
2025-10-24
2025-09-02