
Un nuevo capítulo en la historia del litio chileno se escribió el pasado abril, cuando la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó el acuerdo de asociación entre Codelco y SQM para explotar y comercializar minerales del Salar de Atacama hasta 2060. Esta alianza, que a primera vista parece un paso estratégico para consolidar la posición de Chile en el mercado global del litio, ha desatado un intenso debate que hoy, a siete meses del anuncio, permite observar con mayor claridad sus implicancias y tensiones.
El joint venture contempla dos etapas: entre 2025 y 2030, SQM tendrá el control operativo, mientras que entre 2031 y 2060, la administración pasará a Codelco. Para algunos analistas, esta estructura refleja una estrategia para combinar la experiencia privada con el peso estatal, buscando un equilibrio entre eficiencia y soberanía.
“Este acuerdo es una oportunidad histórica para Chile, pero también un desafío para garantizar que no se sacrifiquen los principios de competencia que han sido la base del éxito del sector”, señala el economista especializado en minería, Rodrigo Martínez.
La FNE identificó riesgos significativos para la competencia, dado que la operación podría facilitar la coordinación entre actores actualmente rivales, afectando precios y acceso a información sensible. Para contrarrestar esto, impuso un conjunto de medidas de mitigación rigurosas:
- Prohibición de «interlocking» para empleados y directores, evitando que personas clave participen simultáneamente en empresas competidoras.
- Compromisos explícitos de no compartir información comercial sensible entre partes o con terceros.
- Reportes periódicos para monitorear el cumplimiento.
Estas medidas, aunque valoradas como proporcionales por la FNE, han generado opiniones encontradas.
Desde el mundo empresarial, Máximo Pacheco, presidente de Codelco, expresó que la aprobación reafirma la viabilidad y el avance del proyecto. En contraste, sectores de la sociedad civil y expertos en competencia manifiestan preocupación por el impacto a largo plazo en el mercado y la transparencia.
El académico y activista ambiental, Camila Rojas, advierte: “Concentrar la explotación en pocas manos puede limitar la diversidad de actores y aumentar riesgos ambientales y sociales en el Salar, un ecosistema frágil y vital para las comunidades locales”.
Regiones como Antofagasta y Atacama han observado con atención el proceso, pues la explotación del litio tiene consecuencias directas en el empleo, el uso del agua y la economía local. Algunos líderes regionales demandan mayor participación y garantías para las comunidades indígenas y campesinas.
Este acuerdo no solo redefine el mercado nacional, sino que también posiciona a Chile como un actor central en la cadena global del litio, clave para la transición energética mundial. Sin embargo, la concentración puede limitar la competencia y la innovación, aspectos que diversos expertos consideran esenciales para mantener la competitividad.
Desde el punto de vista político, el pacto ha tensionado la relación entre el Estado y el sector privado, y pone en evidencia las dificultades para equilibrar intereses estratégicos, económicos y sociales en un recurso crítico.
El acuerdo Codelco-SQM, aprobado con medidas de mitigación, es un hito que marca el rumbo del litio chileno por casi cuatro décadas. La FNE ha intentado equilibrar la concentración con salvaguardas para la competencia, aunque la efectividad de estas medidas solo podrá evaluarse en el tiempo y bajo el escrutinio público.
Las voces diversas —desde el empresariado, la academia, la sociedad civil y las regiones afectadas— muestran que este es un terreno complejo donde convergen desafíos económicos, ambientales y sociales. La transparencia, la fiscalización continua y la inclusión de las comunidades serán claves para que este acuerdo no se transforme en una tragedia anunciada, sino en un modelo de gestión responsable y sostenible.
En definitiva, el pacto Codelco-SQM es más que un acuerdo comercial: es un espejo de las tensiones y expectativas que enfrenta Chile en su camino hacia un desarrollo minero más integrado y consciente de su impacto.