Codelco y SQM: El acuerdo de litio que redefine la competencia y la política minera en Chile

Un pacto que no sólo mueve minerales, sino también piezas políticas y económicas en el tablero chileno. Desde septiembre de 2024, la alianza entre Codelco y SQM para explotar el litio en el Salar de Atacama ha sido objeto de un complejo proceso regulatorio y judicial. Siete meses después, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha dado señales claras de que la operación podría aprobarse sin pasar a una segunda fase investigativa, siempre y cuando se mantengan las rigurosas medidas de mitigación sobre el manejo de información y la competencia.

Este acuerdo contempla que SQM Salar absorba a Minera Tarar, de Codelco, y se cree una nueva sociedad que estará bajo control de SQM hasta 2030 y luego de Codelco hasta 2060. Sin embargo, la sombra del interlocking —la presencia simultánea de directores en empresas competidoras— ha sido un foco de preocupación para abogados y reguladores, dado que Codelco mantiene otros proyectos de litio que podrían entrar en competencia directa con esta nueva entidad.

Desde la perspectiva regulatoria, la FNE ha exigido al menos ocho tandas de medidas para evitar el traspaso de información sensible y garantizar que la competencia no se vea sustancialmente afectada. “La aprobación dependerá de la implementación efectiva de estos cerrojos informativos”, comentan expertos en libre competencia consultados.

Pero el acuerdo no se limita al ámbito económico: la consulta indígena con las comunidades atacameñas, que cerró su etapa informativa en abril de 2025, ha sido un capítulo crucial. La deliberación de las comunidades será determinante para la legitimidad social del proyecto. En paralelo, la opinión pública ha mostrado un respaldo creciente, con un 69% de aprobación según la última encuesta Cadem, que valora el impacto positivo para el país y el rol del Estado como principal beneficiario.

Sin embargo, la alianza ha enfrentado resistencias legales de peso. La china Tianqi Lithium, con un 22% de participación en SQM, ha cuestionado la validez del acuerdo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, argumentando que debió ser aprobado por la junta de accionistas y no sólo por el directorio. Este juicio ha sufrido múltiples suspensiones, lo que añade incertidumbre y ralentiza el proceso.

En el plano internacional, la aprobación de la alianza ha sorteado con éxito la mayoría de las instancias regulatorias, incluyendo la Comisión Europea, Brasil, Corea del Sur, Japón y Arabia Saudita. Sólo resta la autorización de la autoridad china, cuya respuesta se espera para el segundo trimestre de 2025. Este paso es fundamental dado el peso estratégico de China en el mercado global del litio.

La complejidad del proceso refleja no sólo las tensiones inherentes a la concentración de un recurso estratégico, sino también los desafíos de Chile para equilibrar intereses económicos, sociales y geopolíticos. “Este acuerdo es un hito que redefine el rol del Estado en la minería del litio, pero también pone en evidencia la fragilidad de los mecanismos de control y la necesidad de mayor transparencia”, señalan analistas.

En definitiva, la alianza Codelco-SQM es un microcosmos donde convergen disputas de poder, regulaciones en evolución y expectativas sociales. Su desenlace, previsto para septiembre de 2025, marcará un antes y un después en la política minera chilena y en la configuración del mercado global del litio.

Las voces están en pugna: desde la defensa férrea del Estado y la industria nacional, hasta las críticas de actores privados y comunidades indígenas. Este coliseo moderno no sólo ofrece un espectáculo de negociaciones y litigios, sino que invita a reflexionar sobre el futuro sostenible y equitativo de uno de los recursos más codiciados del siglo XXI.