Demanda de 12 estados de EE.UU. contra Trump por aranceles: un choque legal que revela profundas divisiones económicas y políticas

En abril de 2025, una coalición inédita de doce estados estadounidenses presentó una demanda contra el expresidente Donald Trump, cuestionando la legalidad de sus órdenes ejecutivas para imponer aranceles elevados sobre productos importados. El 23 de abril, fiscales de estados como Oregón, Arizona, California y Nueva York unieron fuerzas para desafiar lo que consideran una "guerra económica" unilateral.

Este episodio se ha convertido en un auténtico coliseo jurídico y político, donde se enfrentan visiones contrapuestas sobre el alcance del poder ejecutivo y el impacto económico de las políticas proteccionistas.

El origen del conflicto

Trump firmó órdenes ejecutivas que autorizaban aranceles de hasta 145% sobre productos chinos y 25% sobre importaciones de Canadá y México, entre otros, sin la aprobación del Congreso. Los estados demandantes argumentan que estas medidas no solo son ilegales, sino también económicamente dañinas para sus economías locales, que dependen en gran medida del comercio internacional.

Dan Rayfield, fiscal de Oregón, afirmó que 'no se quedarán de brazos cruzados ante esta agresión económica', mientras que Kris Mayes, fiscal de Arizona, calificó el plan de Trump como 'descabellado y económicamente imprudente'. Estas voces reflejan la preocupación por un modelo que, según ellos, sacrifica el bienestar de sus ciudadanos en nombre de una estrategia proteccionista.

Perspectivas políticas y económicas

Desde el ala conservadora que apoyó las medidas, se sostiene que los aranceles buscan proteger la industria nacional y corregir desequilibrios comerciales históricos, especialmente con China. Sin embargo, economistas y organismos como la Reserva Federal y el FMI proyectan que estas tarifas podrían acelerar la inflación y encarecer productos básicos para el consumidor estadounidense.

Para los estados demandantes, que incluyen desde Nueva York hasta Minnesota, la imposición unilateral de aranceles sin consulta ni consenso federal representa un abuso de poder que pone en riesgo empleos y cadenas productivas.

Repercusiones y consecuencias visibles

A siete meses de la demanda, el Tribunal de Comercio Internacional aún no ha emitido un fallo definitivo, pero el proceso ya ha tensionado las relaciones federales y ha puesto en evidencia la fragmentación política dentro de Estados Unidos.

Además, el caso ha sido observado con atención por socios comerciales, especialmente México y Canadá, que enfrentan incertidumbres en sus exportaciones. En el plano interno, la disputa ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformas legales que delimiten con claridad las atribuciones del Ejecutivo en materia comercial.

Voces ciudadanas y sociales

En las comunidades afectadas, la narrativa es ambivalente. Algunos trabajadores de sectores industriales valoran la intención de proteger empleos, mientras que comerciantes y consumidores alertan sobre el aumento de precios y la reducción de opciones.

La demanda también ha generado un efecto espejo en otros estados y regiones, que evalúan si sumarse o no a la causa, evidenciando el impacto político que tiene la gestión del comercio exterior en la vida cotidiana.

Constataciones finales

Este enfrentamiento legal no es solo una disputa sobre aranceles, sino una confrontación sobre el equilibrio de poderes, la soberanía económica y el modelo de globalización que Estados Unidos desea seguir.

La demanda de estos 12 estados pone en evidencia que las decisiones unilaterales en política comercial pueden generar fracturas profundas dentro de una federación y afectar la estabilidad económica más allá de las fronteras nacionales.

En definitiva, el caso invita a reflexionar sobre la necesidad de diálogo y consenso en políticas que impactan transversalmente a la sociedad, y sobre cómo las tensiones internas pueden redefinir el futuro del comercio y la política en la primera potencia mundial.

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Fuentes: Cooperativa.cl, análisis de expertos económicos y políticos, declaraciones oficiales de fiscales estatales.