Demanda contra Trump por aranceles: El pulso legal que revela grietas en la política comercial estadounidense

En abril de 2025, una coalición inédita de doce estados norteamericanos presentó una demanda contra el expresidente Donald Trump, cuestionando la legalidad de los aranceles que impuso durante su mandato mediante órdenes ejecutivas. El recurso legal fue presentado el 23 de abril ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, y desde entonces ha encendido un debate que va más allá del simple conflicto jurídico, tocando las fibras más sensibles de la política comercial y el equilibrio de poderes en Washington.

Un choque frontal sobre el uso del poder ejecutivo

Los estados demandantes —encabezados por Oregón y Arizona, y sumando a Nevada, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nuevo México, Nueva York y Vermont— acusan a Trump de haber excedido sus facultades al imponer aranceles sin la aprobación del Congreso. Letitia James, fiscal general de Nueva York, afirmó que estas medidas "son ilegales y, si no se detienen, llevarán a más inflación, desempleo y daños económicos".

El punto central es la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que faculta al presidente a actuar en situaciones extraordinarias. Sin embargo, desde su promulgación hace casi 50 años, ningún otro mandatario había utilizado esta ley para imponer aranceles tan amplios ni en contextos tan cuestionables, según la demanda.

Multiplicidad de voces y tensiones políticas

Desde el ala conservadora, defensores de Trump argumentan que la medida fue necesaria para proteger la industria nacional y corregir desequilibrios comerciales históricos, especialmente con China, Canadá y México. Un portavoz de la administración Trump declaró que "la acción ejecutiva fue una herramienta vital para defender los empleos estadounidenses y la seguridad económica".

Por otro lado, economistas independientes y grupos empresariales alertan sobre las consecuencias adversas de estos aranceles. El Instituto de Políticas Comerciales señaló que "el aumento de tarifas ha encarecido los insumos, afectando la competitividad y elevando el costo de vida". Esto se traduce en una inflación persistente y en la pérdida de empleos en sectores dependientes del comercio internacional.

Además, la demanda refleja una fractura interna en Estados Unidos, donde gobiernos estatales con economías diversas se enfrentan a decisiones centralizadas que impactan sus realidades locales. Estados con fuertes vínculos comerciales con Canadá y México, como Vermont y Nuevo México, sienten que sus intereses han sido sacrificados.

Consecuencias visibles y el futuro del comercio estadounidense

A siete meses de la presentación de la demanda, el Tribunal aún no ha emitido un fallo definitivo, pero el proceso ha generado efectos palpables. Las cadenas de suministro se han reajustado, algunas empresas han trasladado operaciones y el debate público ha puesto en jaque la legitimidad del uso ejecutivo para definir políticas económicas de amplio alcance.

Este caso marca un precedente en la lucha por el control del poder económico en Estados Unidos y podría redefinir el rol del Congreso frente a la Casa Blanca en materia comercial. También pone en evidencia la complejidad de las relaciones con socios regionales, donde decisiones unilaterales pueden generar tensiones duraderas.

En definitiva, la demanda contra Trump por los aranceles no es solo un litigio legal, sino un escenario donde se enfrentan visiones contrapuestas sobre soberanía, economía y democracia. La historia sigue desplegándose, y sus efectos resonarán en las políticas comerciales y en la vida cotidiana de millones de estadounidenses y sus vecinos del continente.