Desarticulan banda criminal tras secuestros millonarios en la RM: un legado de violencia que desafía al Estado
En abril de 2025, la Fiscalía ECOH junto a la Brigada de Investigación Policial Especializada (Bipe) de la PDI lograron desarticular una banda criminal responsable de dos secuestros extorsivos en la Región Metropolitana, hechos que habían conmocionado a la opinión pública por la magnitud de los montos involucrados.En uno de los casos, ocurrido en Quilicura, las víctimas pagaron 500 millones de pesos para asegurar su liberación, cifra que refleja la gravedad y sofisticación de estas operaciones. La banda mantenía vínculos directos con la figura de Vladimir Soto Rubillanca, alias “El Cogote de Toro”, un conocido líder narco fallecido en 2019, cuya influencia persiste en las estructuras delictivas del sector sur de Santiago.La organización criminal habría heredado la violencia y el control territorial de su antecesor, replicando patrones de violencia y extorsión que parecen inamovibles.
Desde la Fiscalía, el coordinador Héctor Barros explicó que estas redes no solo se sustentan en el narcotráfico, sino que también se alimentan de una cultura de violencia que atraviesa generaciones: 'Son las sucesiones que vienen apareciendo de las clásicas estructuras criminales que están vinculadas al tráfico de drogas y a la violencia, básicamente, en la zona sur de Santiago'. Esta afirmación subraya la persistencia de un fenómeno que no se limita a un solo episodio, sino que se reproduce con hijos y allegados de antiguos detenidos, configurando un ciclo difícil de romper.Las investigaciones sugieren que podría haber más secuestros vinculados a esta banda, aunque solo dos casos fueron confirmados hasta ahora.
Este escenario ha abierto un debate profundo en distintos sectores. Desde el punto de vista de la seguridad pública, las fuerzas policiales y fiscales han destacado la complejidad de desarticular estas organizaciones, que se adaptan y renacen tras cada golpe. Sin embargo, voces críticas alertan que la respuesta estatal debe ir más allá de la represión directa y considerar factores sociales y económicos que alimentan estas redes criminales.
En el plano político, las posturas se dividen: algunos sectores de derecha enfatizan la necesidad de endurecer las penas y aumentar el control policial, mientras que actores de izquierda y organizaciones sociales reclaman políticas integrales que incluyan prevención, rehabilitación y desarrollo comunitario en zonas vulnerables.'No basta con desarticular una banda; hay que romper el círculo de exclusión y violencia que genera estos fenómenos', señala un representante de una ONG dedicada a la reinserción social.
Para las comunidades afectadas, el impacto es tangible y doloroso. Vecinos de Quilicura y La Pintana han manifestado temor y desconfianza, evidenciando una sensación de abandono y vulnerabilidad que se prolonga en el tiempo. La violencia estructural se instala como un enemigo cotidiano, que desafía la capacidad del Estado para garantizar seguridad y justicia.
Al mirar en retrospectiva, este caso confirma que la violencia criminal en Santiago no es un problema aislado ni reciente, sino un fenómeno arraigado que atraviesa generaciones y que se alimenta de desigualdades profundas. La desarticulación de esta banda es un paso importante, pero también una muestra de la fragilidad de un sistema que debe repensar sus estrategias para enfrentar un desafío que no se resuelve solo con detenciones.
La verdad que emerge es clara: la violencia organizada en la Región Metropolitana es un síntoma de problemas estructurales más amplios, que requieren respuestas multidimensionales y sostenidas en el tiempo. Las consecuencias de este episodio invitan a un debate urgente sobre cómo construir un Estado capaz de proteger a sus ciudadanos sin replicar la violencia, y cómo las políticas públicas pueden intervenir en la raíz de estas problemáticas para evitar que la tragedia se repita.