El mal uso de estacionamientos para personas con discapacidad: un problema que persiste más allá de la empatía anual

El estacionamiento reservado para personas con discapacidad es una conquista legal que debería garantizar autonomía y respeto a un derecho básico. Sin embargo, la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD) ha alertado sobre la creciente normalización del mal uso de estos espacios, especialmente visible en la antesala del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre.

“Cada año nos emocionamos con la Teletón y hablamos de inclusión, pero al día siguiente quienes tienen una discapacidad siguen encontrándose con barreras tan básicas como no poder estacionar donde la ley les reconoce un derecho mínimo”, señaló Matías Poblete, presidente de la FCHD. Su declaración desnuda una paradoja: mientras la sociedad se conmueve y se moviliza solidariamente una vez al año, en la cotidianeidad persiste una indiferencia que se traduce en vulneraciones.

Desde el Congreso, la crítica se amplifica. La diputada Catalina del Real (Republicanos) describe el fenómeno como “un símbolo de impunidad y de desconexión cívica”, mientras que su par Carla Morales (RN) enfatiza que “el mal uso de los estacionamientos reservados se ha integrado al paisaje urbano, y eso habla de una falla grave del sistema”. Ambas coinciden en que la ausencia de vigilancia y protocolos claros ha permitido que la práctica se consolide como un problema estructural.

Este escenario revela una tensión entre el discurso público de inclusión y la realidad palpable en las calles. Por un lado, existe un marco legal que reconoce derechos y promueve la accesibilidad; por otro, una fiscalización insuficiente que deja a las personas con discapacidad a merced de la buena voluntad de los demás.

La FCHD ha hecho un llamado explícito a reforzar la fiscalización y a implementar campañas permanentes de educación cívica para modificar conductas y sensibilizar a la ciudadanía. Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá de un compromiso sostenido del Estado y de la sociedad en su conjunto, más allá de las fechas simbólicas.

La discusión también abre una ventana hacia las desigualdades regionales y sociales. En sectores con menor presencia estatal, la problemática se agrava, evidenciando que la falta de control no es homogénea y que las personas con discapacidad en zonas periféricas enfrentan barreras aún más profundas.

Finalmente, esta historia expone una verdad incómoda: la inclusión no es un acto de caridad ni una campaña anual, sino un proceso continuo que requiere vigilancia, recursos y cambios culturales profundos. Mientras el mal uso de estos espacios siga siendo tolerado, la autonomía y dignidad de las personas con discapacidad seguirán siendo vulneradas en el día a día.

En suma, la tragedia no es solo la infracción puntual, sino la persistencia de una indiferencia estructural que convierte un derecho legal en una promesa incumplida.