Trump bloquea multas estatales a petroleras: un pulso federal que redefine la lucha climática en EE.UU.

En los últimos meses, la batalla por el control de las políticas climáticas en Estados Unidos ha tomado una nueva forma, con la administración Trump en el centro del escenario. El 18 de abril de 2025, el expresidente firmó una orden ejecutiva que paraliza las multas impuestas por estados como Nueva York, Vermont y California a las compañías petroleras por sus emisiones de gases de efecto invernadero. Este movimiento no es un hecho aislado, sino la culminación de un proceso que expone la tensión entre la soberanía estatal y el poder federal en un país profundamente dividido sobre cómo enfrentar la crisis climática.

El origen de este enfrentamiento se remonta a fines de 2024, cuando Nueva York promulgó la Ley del Fondo Climático para Desastres, que obliga a las empresas de combustibles fósiles a financiar parte de la infraestructura para adaptarse al cambio climático. Esta ley, junto con iniciativas similares en Vermont y el sistema de comercio de emisiones de California, pretendía establecer un mecanismo de responsabilidad económica directa para las petroleras.

Desde la administración Trump, esta legislación fue calificada como una 'ley de extorsión por “cambio climático”', y su orden ejecutiva, titulada 'Protegiendo la Energía Estadounidense del Exceso de Autoridad Estatal', instruye a la Fiscalía General a bloquear la aplicación de estas normativas estatales, argumentando que son 'fundamentalmente irreconciliables' con la política federal de fomento a la energía tradicional.

Este pulso ha revelado tres perspectivas claramente enfrentadas:

- Desde el gobierno federal bajo Trump y sus aliados, se defiende la necesidad de un mercado energético libre de regulaciones estatales que consideran excesivas y perjudiciales para la competitividad y la seguridad energética nacional.

- Los estados que promueven estas leyes, liderados por Nueva York y California, sostienen que la emergencia climática exige medidas audaces y locales, especialmente cuando la política federal ha retrocedido en compromisos ambientales. Para ellos, estas multas son un mecanismo legítimo para internalizar costos ambientales y proteger a sus comunidades.

- La industria petrolera, atrapada entre ambos poderes, ha recibido con beneplácito la orden ejecutiva, pero enfrenta presiones crecientes de inversionistas y consumidores que demandan una transición energética más responsable.

En el plano social, esta disputa ha generado un debate intenso sobre la justicia ambiental y la responsabilidad corporativa. Organizaciones ambientalistas han denunciado que la orden ejecutiva representa un retroceso peligroso en la lucha contra el cambio climático, mientras que sectores conservadores la celebran como una defensa de la soberanía federal y la economía.

Desde una perspectiva histórica, este conflicto no es nuevo en Estados Unidos, donde la balanza entre poderes federal y estatal ha sido objeto de disputas recurrentes. Sin embargo, la singularidad radica en que ahora la batalla se libra en torno a un tema global con consecuencias locales inmediatas: la crisis climática.

Hasta noviembre de 2025, la orden ejecutiva ha detenido efectivamente la aplicación de multas estatales, pero enfrenta desafíos legales en tribunales federales y estatales. Diversos fiscales generales estatales han presentado demandas argumentando que la orden excede la autoridad presidencial y viola principios constitucionales de autonomía estatal.

Las conclusiones que surgen de este episodio son claras y complejas:

Primero, la fragmentación institucional de Estados Unidos dificulta una respuesta climática unificada y efectiva, dejando espacios para que intereses económicos y políticos frenen o aceleren políticas según conveniencias.

Segundo, la crisis climática se ha convertido en un campo de batalla político donde las disputas de poder se entrelazan con la urgencia ambiental, generando una disonancia que ralentiza avances.

Finalmente, este caso ejemplifica cómo la gobernanza ambiental global se enfrenta a limitaciones estructurales internas, que obligan a repensar estrategias multilaterales y locales con un enfoque más integrado y plural.

La lucha por definir quién tiene la última palabra en la regulación ambiental en Estados Unidos sigue abierta, y sus resultados tendrán repercusiones no solo para ese país, sino para el mundo entero. Las tensiones entre federalismo, economía y emergencia climática continúan desplegándose en un escenario donde cada actor juega su rol con determinación y convicción.

Fuentes consultadas: ESG Today, La Tercera, documentos oficiales de la orden ejecutiva, demandas judiciales estatales.