Red de pesca ilegal en Calbuco: la prisión preventiva no cierra el debate sobre corrupción y control estatal
Un drama de poder y corrupción que se despliega en el sur profundo. El 18 de abril de 2025, el Juzgado de Letras y Garantía de Calbuco decretó prisión preventiva para tres sujetos vinculados a una red criminal dedicada a la pesca ilegal y lavado de activos, que operó desde enero de 2024 hasta abril de 2025. Este fallo judicial no solo puso tras las rejas a los principales actores, sino que también abrió una caja de Pandora sobre la debilidad institucional y la compleja relación entre el Estado y las actividades extractivas en la Región de Los Lagos.
Una red que no solo pesca, sino que corrompe
La investigación del Ministerio Público reveló que la organización movió al menos 90 toneladas de merluza austral, con ganancias estimadas en 450 millones de pesos. Más inquietante aún fue la participación de un funcionario público de Sernapesca, quien habría facilitado maniobras ilegales a cambio de beneficios económicos, incluyendo la manipulación de fiscalizaciones contra competidores.
"Este caso desnuda un entramado donde el control estatal se convierte en cómplice, más que en garante de la legalidad", señala la académica en políticas públicas, María Delgado, desde la Universidad Austral.
Voces en pugna: entre quienes exigen mano dura y quienes piden reformas profundas
Desde el mundo político, las reacciones se dividen. Por un lado, sectores conservadores celebran la prisión preventiva como un paso firme contra el crimen organizado. "La justicia ha actuado con la contundencia que el país necesita para proteger nuestros recursos naturales", afirmó el diputado de Renovación Nacional, Carlos Méndez.
En contraste, representantes de organizaciones sociales y ambientalistas advierten que la solución no pasa solo por medidas punitivas. "Este caso es la punta del iceberg de un sistema que permite la sobreexplotación y la corrupción. Se requieren cambios estructurales en la fiscalización y gestión pesquera", afirmó Camila Rojas, vocera de la Coordinadora por la Defensa del Mar.
El sistema judicial bajo la lupa
La jueza Laura Romero Rojas justificó la prisión preventiva argumentando riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación. Sin embargo, expertos legales advierten que la medida es solo un parche en un sistema que enfrenta desafíos para desarticular redes criminales complejas.
"La prisión preventiva es necesaria, pero insuficiente. La verdadera batalla está en la capacidad del Estado para prevenir la corrupción y garantizar transparencia", explica el abogado penalista Rodrigo Fuentes.
Consecuencias y certezas
Este caso ha dejado en evidencia varias verdades incómodas: la pesca ilegal no es un problema aislado ni meramente económico, sino un fenómeno que involucra corrupción institucional y vulnerabilidad social. La participación de un funcionario público en la red criminal confirma que las redes de poder y negocios ilegales pueden permear el aparato estatal.
Además, la división de opiniones sobre las medidas judiciales refleja un país que debate entre la urgencia de castigos ejemplares y la necesidad de reformas profundas para evitar la repetición de estos hechos.
Con un plazo de investigación de 60 días, el proceso judicial sigue abierto, mientras la comunidad de Calbuco y el país observan atentos, con la esperanza de que esta tragedia sea un punto de inflexión para un sistema más justo y transparente.